La Profepa clausuró un terreno en Playacar fase II donde se realizaban obras sin Manifestación de Impacto Ambiental. El desmonte desplazó fauna silvestre, y provocó la muerte de al menos un venado.

Playa del Carmen (Marcrix Noticias)-La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura de un terreno de aproximadamente una hectárea dentro de Playacar Fase II, en Playa del Carmen, donde se realizaba un desmonte para el desarrollo inmobiliario Legacy by Awa. La medida fue tomada luego del desplazamiento de fauna silvestre y la muerte de venados atropellados, lo que generó fuerte indignación entre vecinos de la zona.

De acuerdo con la dependencia federal, el procedimiento administrativo fue abierto bajo el expediente PFPA/29.2/35.2/0019 2025/0008, y la empresa señalada como presunta responsable es Inzigna Capital Group, una firma dedicada a desarrollos residenciales y plazas comerciales de lujo. La remoción de vegetación ocurrió a inicios de mayo, sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) correspondiente.

La clausura fue inicialmente ejecutada por el municipio, al detectar que el particular no había cumplido con los requerimientos ambientales estatales ni federales. Testimonios vecinales indican que el área desmontada albergaba venados cola blanca, una especie silvestre emblemática de la región, que comenzó a deambular desorientada tras la pérdida de su hábitat.

“Eran parte del entorno. Vivían ahí. Después del desmonte, uno murió atropellado y una cría también”, lamentó un residente de Playacar.

La situación ha encendido alertas en la comunidad, ya que no se trata del único caso irregular en la zona. Al sur de Playacar Fase II, se identificó otro desmonte sobre dos hectáreas, donde la empresa Inmobiliaria Nueva Anáhuacpretende construir un proyecto llamado “Macondo”, pese a que no cuenta con el registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Las autoridades ambientales continuarán con las investigaciones y han advertido que los responsables podrían enfrentar sanciones por daños al ecosistema, además de verse obligados a realizar acciones de reforestación y mitigación.