Los responsables serían integrantes de comunidades menonitas, cuyas actividades de cambio de uso de suelo ya fueron clausuradas.

Yucatán (Marcrix Noticias)-La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció que presentará cinco nuevas denuncias penales, alcanzando un total de siete acciones legales contra quienes resulten responsables por el desmonte de más de 2,608 hectáreas de selva en el sur del país, en predios vinculados a comunidades menonitas.

Según informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las Subprocuradurías de Recursos Naturales y de Litigio y Justicia Ambiental de Profepa, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Ambientales (Feida) de la Fiscalía General de la República (FGR), ya han interpuesto dos denuncias penales con base en el artículo 418 del Código Penal Federal, que sanciona el cambio ilegal de uso de suelo en terrenos forestales.

Los primeros casos documentados se ubicaron en Calakmul, Campeche, y Tekax, Yucatán, mientras que las nuevas denuncias estarán dirigidas contra predios clausurados en los municipios de Othón P. Blanco y José María Morelos, en Quintana Roo. En este último, la oficina local de Profepa también ha iniciado acciones legales ante la fiscalía correspondiente.

“Se trata de denuncias penales sólidamente sustentadas para cada uno de los predios clausurados”, enfatizó la dependencia, agregando que se siguen recolectando pruebas sobre casos adicionales en Bacalar, donde también se han denunciado desmontes de grandes extensiones de selva.

Profepa llamó a la ciudadanía a colaborar mediante denuncias ciudadanas, que permitan identificar y frenar la conversión ilegal de terrenos forestales en zonas agrícolas o ganaderas.

La superficie afectada por los desmontes denunciados supera las 2,608 hectáreas, cifra que ha encendido alertas entre las autoridades ambientales, ya que coincide con zonas donde se reporta una expansión significativa de las actividades agrícolas y ganaderas de comunidades menonitas en el sureste mexicano.

Las investigaciones continúan y se espera que en los próximos días se consoliden nuevas acciones penales para frenar el avance de la tala ilegal y proteger los ecosistemas en riesgo.