Investigadores solicitaron a la Fiscalía General de la República investigar posibles afectaciones a 47 monumentos mayas en el sureste de México
Quintana Roo (Marcrix Noticias).-Una denuncia por presuntos daños a 47 monumentos arqueológicos mayas fue presentada ante la Fiscalía General de la República por integrantes de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La acción legal busca que se investiguen posibles afectaciones al patrimonio cultural durante las obras del Tren Maya.
De acuerdo con los investigadores, la denuncia fue presentada los días 7 y 8 de julio en Quintana Roo y está relacionada con trabajos realizados en el tramo 7 del Tren Maya, que conecta Chetumal con Xpujil, así como con el proyecto denominado Parque de la Memoria Báalam Tun.
En el documento se sostiene que al menos 47 monumentos arqueológicos fueron desmontados, modificados y posteriormente reubicados durante la construcción de la obra ferroviaria. Además, se señala que algunos vestigios habrían sido intervenidos con maquinaria pesada y explosivos, por lo que solicitaron determinar si estas acciones constituyen delitos contra el patrimonio arqueológico nacional.
La denuncia también incluye a exfuncionarios y servidores públicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre ellos el exdirector general Diego Prieto Hernández, así como a otras personas que participaron en el proyecto de salvamento arqueológico desarrollado durante la construcción del Tren Maya.
Los investigadores consideran que el traslado de diversas estructuras provocó la pérdida de su contexto histórico y arqueológico original. Asimismo, cuestionaron la integración de estos monumentos en el Parque de la Memoria Báalam Tun, al considerar que fueron reunidos en un espacio distinto al de su ubicación original.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha informado de manera oficial sobre la apertura de una carpeta de investigación, mientras que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tampoco ha emitido un posicionamiento respecto a la denuncia. Por ahora, el procedimiento permanece en manos del Ministerio Público Federal, que deberá determinar si existen elementos para iniciar una investigación formal.