Mientras continúa la fuga, los daños ambientales, económicos y sanitarios se acumulan en localidades próximas a la instalación petrolera.
Veracruz (Marcrix Noticias)- El pozo de gas Krem-1, ubicado en el municipio de Las Choapas –al sur de Veracruz–, acumula más de 130 días fuera de control desde que explotó y se incendió el pasado 5 de marzo, mientras habitantes de comunidades cercanas reportan afectaciones a la salud, pérdida de cultivos y muerte de animales.
De acuerdo con información de Alianza Mexicana contra el Fracking, por organizaciones que acompañan a la población afectada, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha reconocido que las labores para controlar el pozo podrían prolongarse durante los próximos meses.
Mientras continúa la fuga, los daños ambientales, económicos y sanitarios se acumulan en localidades próximas a la instalación petrolera.
Habitantes de la zona han reportado dificultades para dormir debido al ruido constante generado por el pozo, así como dolores intensos de cabeza, náuseas, vómitos y problemas para respirar. La atención médica disponible en las comunidades es limitada y, según el documento, existe desabasto de medicamentos básicos, incluidos analgésicos.
Las organizaciones advierten que la exposición prolongada ocurre sin que la población conozca con precisión qué sustancias se están liberando, sus concentraciones o el nivel de riesgo.
La emergencia también afecta las actividades productivas y los medios de subsistencia.
Familias de la región han reportado pérdidas de milpas, árboles frutales y pastizales, además de la muerte de animales de traspatio y ganado.
La contaminación del aire, el agua y el suelo representa un riesgo para comunidades cuya economía depende de la agricultura y la crianza de animales.
“Estos siniestros arrebatan el aire para respirar, los frutos de la tierra y el agua”, señala el documento elaborado para informar sobre la situación.
La evaluación de riesgo incluida en la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto identificó el descontrol del pozo como el peor escenario posible y le asignó la categoría de riesgo más alta.
Sin embargo, las conclusiones de la misma evaluación establecieron que los riesgos para la población y el medio ambiente eran tolerables, sin aportar información suficiente para explicar esa determinación, de acuerdo con las organizaciones.
Para los colectivos, el accidente evidencia deficiencias en la manera en que se evalúan y autorizan los proyectos de extracción de hidrocarburos.
También cuestionaron que se plantee una posible expansión del fracturamiento hidráulico en México, cuando las autoridades no han logrado controlar ni reparar los daños de la explotación petrolera existente.
Pemex informó que el Instituto Mexicano del Petróleo realiza mediciones de la calidad del aire en la zona.
No obstante, las organizaciones señalaron que no se han transparentado los datos completos, los horarios de monitoreo, la ubicación de los equipos, la dirección de los vientos ni los límites de detección.
Sin esta información, advirtieron, no es posible conocer si las mediciones registraron los momentos de mayor concentración de contaminantes, exposiciones intermitentes o un posible desplazamiento de oxígeno.
El discurso oficial, de acuerdo con el documento, sostiene que la contaminación se encuentra dentro de los límites permitidos y que la población recibe atención adecuada. Las comunidades, sin embargo, mantienen reportes de enfermedades, daños productivos y falta de medicamentos.
A más de cuatro meses de la explosión, el pozo Krem-1 permanece fuera de control y no existe una fecha pública precisa para concluir las labores.
Las organizaciones solicitaron transparentar las mediciones ambientales, reforzar la atención médica y reparar los daños ocasionados a las familias.
También pidieron que el caso sea considerado antes de autorizar nuevas técnicas de explotación, como el fracking, debido a los riesgos para la población, la biodiversidad y las economías comunitarias.