El caso, uno de los pocos en el país donde esta ley se usaría a favor de un hombre, expone vacíos en la atención a víctimas masculinas de ciberviolencia
Durango, Dgo (Marcrix Noticias).– Una mujer enfrenta un proceso legal luego de presuntamente extorsionar a su compañero de vivienda con fotografías íntimas, en un caso que podría marcar precedente al aplicar la Ley Olimpia en defensa de un hombre.
El abogado del afectado, Cristian Montenegro, informó que su cliente, Isaac “N”, compartía un departamento con Brenda “N”, quien una noche aprovechó para tomarle fotos y videos sin su consentimiento mientras dormía. Posteriormente, la mujer comenzó a amenazarlo con difundir el material para evitar pagar su parte de la renta, y más tarde intentó extorsionarlo exigiéndole dinero.
Al no acceder a las amenazas, las imágenes fueron publicadas en redes sociales, por lo que Isaac presentó una denuncia ante la Fiscalía. Sin embargo, el abogado señaló que el proceso ha sido lento debido a que solo hay un agente del Ministerio Público especializado en delitos contra hombres, lo que retrasó la integración de la carpeta de investigación durante ocho meses.
Montenegro destacó que este es apenas el segundo caso documentado en México en el que la Ley Olimpia se aplicaría contra una mujer; el primero ocurrió en Coahuila en 2022.
De acuerdo con el litigante, Brenda “N” fue citada a comparecer, pero no se presentó ante las autoridades, ya que presuntamente se mudó al estado de Jalisco tras conocer la denuncia en su contra. Por ello, se espera que se emita una orden de aprehensión para que responda por los delitos que se le imputan.
Según el Artículo 183 Ter del Código Penal del Estado de Durango, los delitos que violen la intimidad sexual mediante medios digitales —catalogados como ciberviolencia— pueden ser sancionados con penas de entre cuatro y ocho años de prisión, además de multas económicas que van de 288 a 566 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
El caso ha reavivado el debate sobre la equidad en la aplicación de la Ley Olimpia y la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales para atender a todas las víctimas de violencia digital, sin distinción de género.