La presidenta de Coparmex Quintana Roo, señaló que el delito sigue afectando a pequeños y grandes negocios, y que el miedo a denunciar impide que se refleje en las cifras oficiales.
Cancún (Marcrix Noticias).– Aunque autoridades federales han destacado una disminución en delitos como homicidio y extorsión durante recientes presentaciones oficiales, el sector empresarial en Quintana Roo mantiene una percepción distinta.
La presidenta de la Coparmex Quintana Roo, Jovita Portillo Navarro, señaló que, si bien las estadísticas gubernamentales muestran avances, la realidad que enfrentan los negocios refleja que la extorsión continúa siendo un problema latente.
Explicó que los datos presentados por el Gobierno de México están basados principalmente en denuncias formales, lo que podría generar una disminución aparente.
Sin embargo, desde el organismo empresarial se apoyan en encuestas internas que revelan la percepción del sector productivo, donde la extorsión no sólo persiste, sino que en algunos casos se mantiene al alza. “El temor a denunciar sigue siendo un factor clave”, subrayó.
Portillo Navarro indicó que este delito impacta a todos los niveles, desde grandes empresas hasta micro y pequeños negocios, e incluso al comercio informal.
Añadió que, aunque se han logrado avances en coordinación con autoridades y grupos especializados en atención a extorsión y secuestro, aún falta fortalecer la confianza para que más víctimas acudan a denunciar.
Detalló que las modalidades de extorsión más frecuentes continúan siendo las telefónicas, aunque también se han registrado casos presenciales.
Ante ello, el sector empresarial ha reforzado medidas preventivas, como la instalación de cámaras de videovigilancia conectadas al C5, capacitación interna para reaccionar ante intentos de extorsión y la promoción de denuncias a los números de emergencia como el 911 y el 089.
Estas acciones han implicado un incremento significativo en los costos operativos de las empresas. De acuerdo con Coparmex, los negocios han tenido que destinar hasta un 20% adicional en inversión para seguridad, incluyendo contratación de servicios privados y adquisición de equipo tecnológico.
Actualmente, al menos 163 empresas afiliadas han implementado este tipo de medidas.
Finalmente, la líder empresarial reconoció que también se han detectado casos donde personal interno ha estado involucrado en actos de extorsión, lo que ha obligado a las empresas a implementar protocolos más estrictos de control y supervisión.
Aunque en algunos casos se ha logrado proceder legalmente con apoyo de las autoridades, insistió en que el reto sigue siendo garantizar condiciones de seguridad que permitan el desarrollo pleno de la actividad económica en el estado.