El colapso de la entidad financiera dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros y puso bajo cuestionamiento recursos públicos destinados a pensiones y jubilaciones
Redacción (Marcrix Noticias).- Paraguay se encamina a una nueva jornada de protestas en medio de la crisis financiera y política provocada por el cierre de Ueno Bank, escándalo que ha alcanzado al presidente Santiago Peña por sus antiguos vínculos empresariales con el conglomerado propietario de la institución bancaria.
La Federación de Educadores del Paraguay (FEP), uno de los sindicatos docentes con mayor capacidad de convocatoria en el país, anunció una movilización nacional para este lunes 9 de noviembre, acompañada de un paro de actividades académicas y pedagógicas en todo el territorio.
El gremio, encabezado por Silvio Piris y que agrupa a más de 40 mil afiliados, expresó su rechazo a las consecuencias del cierre de Ueno Bank, al considerar que están en riesgo tanto los recursos públicos como los fondos previsionales y las aportaciones destinadas a las jubilaciones de miles de trabajadores.
En un comunicado difundido este viernes, la organización exigió garantías del Estado para proteger el dinero de los ciudadanos y los recursos de la Caja Fiscal. También reclamó la destitución inmediata de Santiago Peña mediante un juicio político, así como su procesamiento ante la justicia ordinaria para que el caso no quede impune.
Desaparecen Ueno Bank
La crisis estalló luego de que el Banco Central del Paraguay iniciara, el pasado 2 de noviembre, el procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido.
La decisión provocó el bloqueo temporal de los ahorros y depósitos de millones de usuarios. La entidad financiera reportaba aproximadamente tres millones de clientes, en un país con poco menos de 6.5 millones de habitantes.
Sin embargo, el problema no se limita a los ahorradores particulares. También quedaron bajo incertidumbre importantes recursos públicos, entre ellos inversiones del Instituto de Previsión Social y dinero de la Caja Fiscal destinado al financiamiento de jubilaciones del sector público.
Uno de los señalamientos más delicados involucra al propio Santiago Peña, quien fue accionista de Ueno Holding, conglomerado empresarial al que pertenece el banco, hasta marzo de 2025, cuando vendió su participación.
Aunque el mandatario ha negado tener una participación directa en Ueno Bank, sus antiguos vínculos con el grupo empresarial se convirtieron en uno de los principales argumentos de la oposición para impulsar un juicio político en su contra.
A esto se suman cuestionamientos por los recursos públicos depositados en la institución. El Ministerio de Economía denunció ante la Fiscalía una presunta malversación relacionada con 250 mil millones de guaraníes de la Caja Fiscal, además de intereses por 123 mil 838 millones de guaraníes. Las autoridades deberán determinar las posibles responsabilidades.
Cierre de Ueno Bank golpea a pensionados de Paraguay
El escándalo también alcanzó al sistema de pensiones: alrededor de 32 mil jubilados del Instituto de Previsión Social utilizaban Ueno Bank para recibir sus pagos, por lo que las autoridades anunciaron el traslado de sus cuentas a otras entidades financieras para garantizar la continuidad de los depósitos.
La crisis ya provocó una sacudida en el Gobierno. El 5 de noviembre, Santiago Peña presentó su renuncia a la Presidencia, en medio del avance del juicio político. Sin embargo, la sesión del Congreso convocada para analizar su dimisión quedó sin quórum, por lo que el mandatario continúa formalmente en funciones mientras avanza el procedimiento.
La controversia también gira en torno a los beneficios políticos que podría obtener con su salida: de concretarse su renuncia, Peña podría acceder a una banca como senador vitalicio y a los fueros correspondientes, situación que ha generado resistencia entre sus opositores.
Este viernes, además, solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa ante el Senado, luego de recibir un expediente de aproximadamente 300 fojas con las acusaciones en su contra. Hasta el momento de esta actualización, la Cámara Alta no había resuelto su petición.