Diputados de MC, PAN y PRI acusan que la reforma impulsada por el gobierno de Layda Sansores permite expropiar terrenos sin audiencia ni indemnización justa.
Campeche (Marcrix Noticias).– Los partidos de oposición Movimiento Ciudadano, PAN y PRI presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la denominada “Ley Alito” de expropiación, aprobada por el Congreso de Campeche y aplicada por el gobierno de Layda Sansores para tomar posesión de varios predios vinculados al dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas.
De acuerdo con los legisladores promoventes, la reforma a la Ley de Expropiación y Demás Limitaciones al Derecho de Propiedad del Estado de Campeche viola derechos fundamentales de la ciudadanía, al permitir que el gobierno estatal pueda expropiar un terreno con sólo declarar su utilidad pública, sin derecho a audiencia ni indemnización previa.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Ignacio Muñoz Hernández, señaló que la legislación vulnera el derecho de defensa de los ciudadanos, ya que reduce los plazos legales a sólo cinco días para impugnar una expropiación, mientras que a nivel federal se establecen 15 días.
Además, no contempla recursos administrativos para oponerse a la medida, dejando como única alternativa el juicio de amparo.
“Esta ley permite la ocupación inmediata de propiedades sin audiencia ni indemnización justa. Es un atropello a los derechos de los campechanos”, denunció el legislador local.
La reforma, impulsada por el gobierno de Sansores, otorga a la Secretaría de Gobierno la facultad de declarar la utilidad pública y a la Secretaría de Finanzas la de fijar el valor del inmueble, lo que, según la oposición, concentra un poder excesivo en el Ejecutivo estatal.
Los artículos impugnados (1, 7, 8, 13, 18, 20, 22, 29, 38, 43, 44 y 50, además de las adiciones 1 Bis, 1 Ter y 44) fueron señalados por los legisladores como contrarios a los principios de seguridad jurídica, propiedad privada y debido proceso establecidos en la Constitución.
En el documento entregado a la SCJN, los diputados afirmaron que la entrada en vigor de la ley “genera afectaciones directas e inmediatas a los derechos humanos y garantías constitucionales” de los habitantes del estado.
Tras la aprobación de la reforma, el gobierno de Layda Sansores publicó en el Diario Oficial del Estado de Campeche, la expropiación de varios terrenos pertenecientes a Mercedes Cárdenas Montero, madre del líder priista, así como de Juan José Salazar Ferrer, señalado como allegado a Moreno Cárdenas.
En dichos predios se proyecta la construcción de la Universidad Rosario Castellanos, enfocada en las ciencias de la salud.
Por su parte, el diputado de Morena, Carlos Ucán, calificó la acción de inconstitucionalidad como una “defensa política a favor de Alejandro Moreno”.
Afirmó que la oposición busca frenar un proyecto educativo que beneficiaría a cientos de jóvenes campechanos y que los terrenos en cuestión fueron adquiridos en condiciones irregulares.
“Esto no es una venganza, es un acto de justicia social. A diferencia de lo que hizo el PRI, aquí se va a pagar el valor comercial de los terrenos. Si alguien saqueó a Campeche fue Alejandro Moreno Cárdenas”, expresó el legislador morenista.
El gobierno estatal informó que la Universidad Rosario Castellanos se construirá en la zona de San Francisco, aunque el área se ubica en una zona de difícil acceso, rodeada de cerros y colindante con privadas residenciales.
Hasta el momento, el gobierno de Campeche no ha revelado el proyecto técnico ni los estudios de viabilidad para la edificación del plantel.
Mientras tanto, la Suprema Corte deberá determinar si la “Ley Alito” de expropiación vulnera derechos constitucionales o si se mantiene vigente la reforma que permite al gobierno estatal expropiar terrenos de manera inmediata bajo el argumento de utilidad pública.
Con información de Proceso.