La Comisión Nacional Antimonopolio impuso multas a cuatro empresas y seis personas por presuntamente coordinarse para obtener contratos públicos relacionados con equipos y materiales de radiografía.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).- La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) anunció sanciones por 59.6 millones de pesos contra cuatro empresas y seis personas por presuntas prácticas de colusión en licitaciones públicas relacionadas con el suministro de materiales para radiografías en instituciones de salud pública.
Las compañías sancionadas son Juama, Eseotres, SMC Soluciones Médicas Comercial y SME Soluciones Médicas Exportación, las cuales habrían intercambiado información sensible y coordinado estrategias para obtener contratos gubernamentales entre 2010 y 2016.
De acuerdo con la resolución de la CNA, estas conductas constituyen una práctica monopólica absoluta al afectar los procesos de competencia en contrataciones públicas.
Impacto en el sistema de salud
El organismo señaló que las irregularidades tuvieron consecuencias directas en el sistema de salud pública, donde millones de personas dependen de estudios de radiodiagnóstico para la detección y tratamiento oportuno de enfermedades.
La Comisión destacó que tan solo entre 2024 y 2025 el IMSS y el ISSSTE realizaron más de 20 millones de estudios radiológicos en beneficio de aproximadamente 15 millones de personas.
“Cuando las empresas se coluden para manipular licitaciones públicas, no solo afectan las finanzas públicas, sino también el acceso a servicios médicos esenciales”, indicó la autoridad en un comunicado.
Empresas podrán impugnar la sanción
La investigación comenzó en 2023 bajo la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), organismo que posteriormente fue sustituido por la Comisión Nacional Antimonopolio.
Tras varios años de investigación, audiencias y revisión de pruebas, la autoridad determinó imponer las multas económicas correspondientes.
Las empresas sancionadas aún tienen la posibilidad de recurrir a los tribunales especializados para impugnar la resolución.
El sector salud ha sido uno de los más vigilados por las autoridades de competencia económica en México debido a antecedentes relacionados con prácticas anticompetitivas en la distribución de medicamentos y otros insumos médicos.