Un error en el cálculo de las tarifas eléctricas provocó un sobrecosto de 115 millones de dólares para los ciudadanos, desatando críticas de la oposición y cuestionamientos sobre la gestión del gobierno
Santiago, Chile. (Marcrix Noticias).– El ministro de Energía de Chile, Diego Pardow, presentó su renuncia el 16 de octubre de 2025 tras descubrirse un error en el cálculo de las tarifas eléctricas que afectó a millones de ciudadanos. La Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se aplicó dos veces, generando un sobrecosto estimado en 115 millones de dólares.
Aunque la falla se originó durante administraciones anteriores, Pardow asumió la responsabilidad política y decidió dimitir, provocando un intenso debate sobre la supervisión del sector energético. Analistas señalan que el incidente expone la falta de controles internos y la necesidad de mayor transparencia en la gestión de tarifas.
El presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia y nombró a Álvaro García, actual ministro de Economía, como biministro de Energía y Economía. La medida busca dar estabilidad a la cartera, aunque no ha logrado calmar las críticas de la oposición ni de sectores de la coalición oficialista.
El impacto del error ha sido inmediato: miles de consumidores pagaron de más por la electricidad durante meses. Autoridades anunciaron que los montos cobrados en exceso serán devueltos a partir de enero de 2026, pero expertos advierten que el daño político y la indignación social podrían perdurar.
Organizaciones de consumidores y líderes opositores han cuestionado la actuación del gobierno, calificando el hecho como “una negligencia inaceptable” que afecta directamente la economía familiar. Por su parte, el oficialismo defiende que la renuncia de Pardow demuestra responsabilidad y compromiso con la transparencia.
El caso se suma a un contexto político sensible, ya que se aproxima la elección presidencial de noviembre, aumentando la presión sobre el gobierno para demostrar eficacia en la gestión pública y protección de los ciudadanos frente a errores adminstrativos.