Legisladores de EU piden investigar posibles crímenes de guerra por ataques en el Caribe contra presuntos narcotraficantes.
Washington D. C., (Marcrix Noticias).- La ofensiva militar en el Caribe realizada por Estados Unidos ha desatado una fuerte presión legislativa tras nuevas revelaciones sobre los ataques marítimos a Venezuela, luego de que reportes periodísticos señalaron que los militares habrían ordenado un segundo ataque contra sobrevivientes en el agua. Senadores y representantes coincidieron en que, de confirmarse, podría tratarse de un posible crimen de guerra.
Un reportaje del Washington Post indicó que el entonces secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría dado una instrucción verbal para “matar a todas las personas” en embarcaciones sospechosas de narcotráfico. La orden presuntamente derivó en un segundo ataque el 2 de septiembre, dirigido a quienes lograron sobrevivir al impacto inicial de misiles.
En entrevistas televisivas, legisladores alertaron sobre la gravedad de los hechos.
Mike Turner, expresidente del Comité de Inteligencia, señaló que “el Congreso está muy preocupado (…) y hay una investigación en curso”. Agregó que, si se confirma un ataque deliberado contra sobrevivientes, sería “un acto ilegal”.
El senador Tim Kaine afirmó que el hecho “se eleva al nivel de un crimen de guerra”, mientras que Mark Kelly señaló: “Así lo parece”.
A estas declaraciones se sumaron los senadores Roger Wicker y Jack Reed, quienes solicitaron información detallada al Pentágono para realizar una supervisión más estricta de las operaciones en el Caribe.
En la Cámara de Representantes, Mike Rogers y Adam Smith reiteraron estar “comprometidos a proporcionar una supervisión rigurosa” y exigieron un informe completo sobre las acciones militares.
Exigen divulgar grabaciones y documentos militares
El líder demócrata Chuck Schumer pidió publicar “las cintas completas y sin editar” de los ataques para que el público conozca los hechos. Otros legisladores consideraron que estas acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
Reportes del New York Times indicaron que cinco funcionarios confirmaron que la orden inicial de Hegseth era destruir la embarcación y su tripulación, sin especificar qué hacer en caso de sobrevivientes. Según estas versiones, el almirante Frank M. Bradley ordenó los ataques sucesivos hasta eliminar por completo la embarcación.
Expertos consultados señalaron que disparar contra personas que ya no representan una amenaza constituye un crimen de guerra. Geoffrey Corn, exasesor del Ejército, advirtió que un ataque dirigido a sobrevivientes “sería un crimen de guerra inequívoco” aun bajo la interpretación de conflicto armado contra los cárteles.
El gobierno de Trump ha defendido la legalidad de las operaciones y ha señalado que los narcotraficantes pueden considerarse “combatientes”. Sin embargo, especialistas en derecho militar han cuestionado este argumento.
Desde septiembre, la ofensiva ha permitido 21 acciones militares con al menos 83 muertes confirmadas. La política fue presentada como parte de la presión contra Venezuela y como estrategia antidrogas, aunque congresistas continúan cuestionando su sustento legal.
Las investigaciones actuales representan el mayor escrutinio legislativo a las operaciones ejecutadas por la administración Trump, especialmente tras los señalamientos sobre ataques marítimos a Venezuela, que podrían generar repercusiones internacionales por posibles violaciones al derecho humanitario.