La minería ilegal de oro facilita el lavado de dinero, la expansión territorial de bandas y genera un grave daño ambiental en la Amazonía.
Perú (Marcrix Noticias).- La minería ilegal de oro se ha convertido en el nuevo negocio predilecto de organizaciones criminales en América Latina, desplazando progresivamente al tráfico de cocaína como principal fuente de ingresos ilícitos. Investigaciones recientes advierten que esta actividad, conocida como narco-minería, combina el cultivo de coca con la extracción ilegal de oro, generando una economía criminal más rentable, menos rastreable y profundamente destructiva para la Amazonía.
De acuerdo con reportes citados por CNN en Español, el auge del oro ilegal está directamente ligado al aumento histórico de su precio en los mercados internacionales y a la facilidad para lavar ganancias, ya que, una vez refinado, el metal es prácticamente indistinguible del oro de origen legal. En contraste, la cocaína es ilegal en todas las etapas de su cadena productiva, lo que implica mayores riesgos operativos para los traficantes.
En Perú, uno de los principales focos del fenómeno, el entonces canciller Elmer Schialer reconoció en julio que la economía del oro ilegal es hasta siete veces mayor que el comercio de cocaína. Aunque Colombia sigue siendo el epicentro histórico del cultivo de coca, la producción de cocaína se ha disparado en Perú, con más de 800 toneladas generadas el año pasado, según datos del Departamento de Estado de Estados Unidos.
El cultivo de coca ha dejado zonas montañosas para extenderse a las tierras bajas amazónicas, particularmente en regiones como Ucayali, donde se han detectado pistas de aterrizaje clandestinas, rutas de salida de droga y una fuerte expansión de la minería ilegal. Investigaciones de organizaciones como Amazon Watch y Mongabay documentan al menos 128 pistas clandestinas en seis regiones peruanas, muchas rodeadas de plantíos de coca.
Especialistas en crimen organizado señalan que la pandemia de covid-19 aceleró este proceso. El confinamiento redujo la presencia del Estado en zonas remotas y empujó a miles de personas, mayoritariamente insertas en la economía informal, a buscar ingresos en actividades ilícitas. Este vacío fue aprovechado por grupos criminales que ampliaron su control territorial.
El modelo de la narco-minería se replica en toda la cuenca amazónica. Disidentes de las FARC operan en la frontera entre Perú y Colombia, mientras que el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, controla cultivos de coca, operaciones mineras y sistemas de “seguridad” ilegal en zonas como Madre de Dios. En Venezuela, el sur del país concentra más del 30% de los sitios de minería ilegal del Amazonas, fortaleciendo a bandas locales, grupos guerrilleros y redes de corrupción vinculadas a élites políticas y militares.
Ecuador y Brasil también registran un aumento de delitos asociados a minas ilegales, extorsión y violencia extrema. En Perú, fiscales investigan fosas comunes con más de un centenar de víctimas atribuidas a bandas que operan en zonas mineras clandestinas.
Pese a los esfuerzos oficiales, como la erradicación de miles de hectáreas de cultivos de coca, expertos advierten que estas acciones han desplazado el problema hacia regiones más remotas, acelerando la deforestación, el envenenamiento de ríos y el daño irreversible a comunidades indígenas. A ello se suma la inestabilidad política y la corrupción, que han debilitado la capacidad del Estado para enfrentar un fenómeno que ya permea economías, territorios y procesos electorales en varios países de la región.