La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la postura de la Misión de Observación Electoral de la OEA sobre la primera elección judicial en México, al considerar que excedió sus funciones; no obstante, aseguró que el país no saldrá del organismo.

México (Marcrix Noticias)-En medio de la controversia provocada por el informe preliminar de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la primera elección judicial en México, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el país contemple abandonar el organismo, aunque sí expresó fuertes críticas al contenido del documento.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum aseguró que México valora el diálogo internacional, pero rechazó que observadores externos pretendan opinar o sugerir cómo debe elegirse al Poder Judicial en una nación soberana.

“Pueden venir como observadores y decir qué pasó el día de la elección, pero decir e incluso orientar a los países de América Latina que no vayan a usar esta forma de elección… ¿de dónde lo sacan si solo estuvieron el día de la elección?”, cuestionó la mandataria.

Agregó que el nuevo Poder Judicial ni siquiera ha tomado posesión, por lo que resulta “excesivo emitir juicios de valor sobre su funcionamiento”.

Nota diplomática y posicionamiento oficial

A través de una nota diplomática dirigida al secretario general de la OEA, el gobierno mexicano expresó su inconformidad con el informe, al considerar que la MOE excedió los límites de su mandato, incurriendo en acciones contrarias a los principios de no injerencia de la organización regional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enfatizó que una misión de observación no tiene facultad para influir en los mecanismos internos mediante los cuales cada país define la composición de su poder judicial.

“Menos aún puede emitir juicios de valor que rebasan sus atribuciones”, señala el comunicado oficial.

La SRE también recordó que el informe preliminar reconoce que los comicios del 1 de junio se celebraron conforme a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, lo que, en opinión del gobierno mexicano, hace aún más contradictorias las recomendaciones emitidas por el organismo.