La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó avances en las negociaciones entre la UIF y el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para la devolución de recursos obtenidos ilegalmente.
Ciudad de México. (Marcrix Noticias) — El gobierno mexicano, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se encuentra en pláticas con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, con el objetivo de lograr la recuperación de los recursos ilícitos obtenidos durante su gestión.
Durante su conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que fue informada por el titular de la UIF, Pablo Gómez, sobre el avance de estas negociaciones. Aunque aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo, Sheinbaum advirtió que si las pláticas no prosperan, García Luna enfrentará consecuencias judiciales más severas tanto en México como en Estados Unidos.
“Se está en un proceso de llegar a un acuerdo que tenga que ver con la información y la entrega de los recursos. El viernes recibí una nota de Pablo Gómez que están en este proceso y le pido a Pablo que nos pueda informar cómo va. Si no se llega al acuerdo, continúa el juicio”, expresó la mandataria.
Sentencia millonaria sin juicio
García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, ya fueron condenados en una corte civil de Miami, Florida, a pagar más de 2 mil 400 millones de dólares por su participación en un esquema de contrataciones ilegales en el Gobierno federal mexicano.
La jueza Lisa Walsh determinó que García Luna deberá resarcir al erario con 748 millones de dólares, mientras que su esposa enfrentará una sanción de mil 740 millones de dólares. Esta decisión se tomó sin necesidad de un juicio, luego de que se demostraran sus vínculos con contratos fraudulentos.
Cabe señalar que esta resolución civil en Florida es independiente del proceso penal que García Luna enfrenta en la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde fue declarado culpable en 2023 de colaborar con el narcotráfico durante su gestión como alto funcionario de seguridad en México.
Con estas negociaciones en marcha, el Gobierno de México busca recuperar parte de los recursos desviados durante una de las épocas más cuestionadas en materia de seguridad pública.