- • En Quintana Roo a través de la FGE arman expedientes contra candidatos de oposición
- • Fue levantado representante de MC ante el IEQROO, presuntamente por ministeriales
- • 30 candidatos solicitaron protección ante la inseguridad
Chetumal (Marcrix Noticias).- Más de 170 ataques contra políticos ponen en tensión las campañas y siembran dudas sobre la gobernabilidad en varias regiones del país, donde la existe una línea muy delgada ya entre el gobierno y el crimen organizado, infiltrado claramente en el proceso electoral, tanto federal como en Quintana Roo, donde ya 30 candidatos pidieron medidas de seguridad, por miedo a ser ultimados, según la presidenta del IEQROO, Rubí Pacheco Pérez.
Esto sin mencionar, que en entidades, como Quintana Roo, se ha erigido la Fiscalía General del Estado (FGE) como el gran elector, abriendo expedientes y hasta sentenciando, quién si sigue en el proceso electoral local o a quién se debe frenar a toda costa o sacarlo del mismo, tal y como aconteció en Felipe Carrillo Puerto, dejando fuera y con prisión domiciliaria a José Esquivel, mejor conocido como Chak Mex.
La violencia electoral avanza sin freno en México, ya que el crimen organizado y algunas veces coludidos con los gobiernos estatales, han ejecutado a candidatos a plena luz del día y hasta en mítines, tal y como ocurrió en Celaya, Guanajuato que sicarios balearon a la abanderada de MORENA y recientemente con Noé Ramos, candidato del PAN a la presidencia municipal de Ciudad Mante, Tamaulipas, fue apuñalado varias veces, en medio del acto proselitista, ante la conmoción de sus simpatizantes, y a la fecha ningún detenido.
De noviembre de 2023 —inicio de las precampañas— al 23 de abril han sido asesinados 32 políticos en México, de acuerdo con un conteo realizado por El Financiero, más de la mitad aspiraban a una candidatura y seis los ejecutaron en plena campaña proselitista.
En Quintana Roo, ha habido sucesos y demandas públicas sobre el acecho del crimen organizado infiltrado en el proceso electoral local, donde se renuevan 11 presidencias municipales con sus sindicaturas y regidurías y 25 escaños en el Congreso del Estado y previo al inicio de campaña amenazaron a aspirantes con posibilidades de ganar la elección para no inscribirse, como es el caso de Pedro Joaquín que va por el PRI en Cozumel.
Documentadas y con una denuncia ante la FGE las agresiones físicas que sufrió un activista del PAN en la zona cañera y que responsabilizó a la presidenta Municipal de Othón P. Blanco y hoy candidata de MORENA con licencia, Yensunni Martínez Hernández, la cual, a su vez denunció a su contrincante German González del PAN y PRI por supuestamente involucrarla en estas agresiones y pidió medidas cautelares (retirar la candidatura al panista) sin que se le concedieran en el IEQROO.
También pende de un hilo, la candidatura de la presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos Miranda y la de integrantes de su planilla, pues la FGE ha abierto diversas carpetas de investigación por supuestas irregularidades en la función pública, solicitando medidas cautelares al juez de control, mismas que no han sido otorgadas por los amparos federales que se han ingresado.
EL objetivo es frenar a toda costa la reelección de la abanderada del PAN y el PRI, Lili Campos Miranda, cuyas posibilidades de triunfo son muy altas, según las ultimas encuestas realizadas, por lo que las agresiones de sus opositores son tales, que han organizado marchas y plantones de artesanos y comerciantes, así como hacer las supuestas denuncias ante el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en las Mañaneras, mismas que el propio mandatario desechó y recomendó no usar los instrumentos del Estado (FGE) para enturbiar la elección, en donde solo debe prevalecer la voluntad popular y la libertad de elegir.
Otro candidato, pero al Senado de la República por Movimiento Ciudadano, Roberto Palazuelos, previo al inicio de su campaña proselitista le abrieron dos carpetas de investigación, uno en un juzgado de la ciudad de México y otro en la FGE de Quintana Roo, la primera por presunto despojo y la segunda por amenazas de muerte, intento de homicidio, allanamiento y portación de armas de fuego. El objetivo es frenarlo ya que va en caballo de hacienda por la senaduría con amplias posibilidades de ganarle a la fórmula oficialista de MORENA y partido Verde Ecologista.
Las amenazas y sobornos también han estado presentes en Bacalar, en donde Juan Manuel Herrera antes dirigente del PT y ahora militante del Partido Verde, fue amenazado con reactivarle varias denuncias en la FGE si seguía oponiéndose a la candidatura del ex priista José Contreras Méndez, alias “Chepe”, candidato a la alcaldía de ese lugar por Sigamos Haciendo Historia por Quintana Roo y que va por la reelección.
En el tema del soborno, recientemente el dirigente estatal del PRI, Pedro Flota Alcocer, denunció que a nombre del partido Verde Ecologista, recibió llamadas de parte de “super asesor” y militante (ex diputado federal y ex líder estatal del PRI), ofreciendo dos millones de pesos para no otorgar la candidatura a María Fernanda Avelar en Puerto Morelos, ya que las encuestas no están favoreciendo a Blanca Merari, que busca la reelección avalada por MORENA, PVE y PT.
El más reciente caso de esta violencia política, ya recurrente, es el denunciado por el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y senador, José Luis Pech Várguez, sobre el levantón y amenazas de muerte que sufrió el representante de su partido ante el IEQROO y el cual ya cuenta con una escolta especial asignada por Seguridad Ciudadana, a quien solicitaron dejar de hacer señalamientos en contra de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Quintana Roo.
Cabe señalar que también, José Luis Pech Várguez fue denunciado por violencia política en razón de género, por la diputada – antes de MC- y ahora independiente, Maritza Basurto Basurto, a quién no se le dio la candidatura de la presidencia municipal de Cozumel y en consecuencia demandó agresiones verbales y tratos déspotas de parte del dirigente del Movimiento Naranja.
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho esta semana que dejen que la voluntad popular se exprese con libertad en las urnas, que no utilicen juicios ni demandas para enrarecer el proceso electoral, que dejen todo lo judicial para después del 2 de julio, ya que él lo padeció en el 2005 y 2006 con lo del desafuero y mediante miedo demandas lograron influir en la voluntad popular, propiciando fraude electoral que hizo que ganara la presidencia Felipe Calderón Hinojosa.