La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General contra el Feminicidio en México, buscando homologar el castigo y la investigación de este delito en todo el territorio nacional.
Política (Marcrix Noticias).-La Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro dio un paso determinante hacia la justicia de género al avalar, con una votación unánime, la modificación al artículo 73 de la Constitución Política. Este cambio estructural permitirá que el Poder Legislativo Federal redacte y promulgue una Ley General contra el Feminicidio que sea aplicable en las treinta y dos entidades federativas del país. El objetivo primordial de esta iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, es eliminar las discrepancias jurídicas que actualmente dificultan la persecución del asesinato de mujeres por razones de género en las distintas jurisdicciones locales de México.
Esta reforma responde a una deuda histórica con las víctimas y sus familias, ya que las estadísticas actuales revelan un panorama de impunidad alarmante. De acuerdo con los datos presentados durante la sesión, se estima que entre los años 2019 y 2926 se han acumulado más de seis mil cuatrocientos casos de este delito, de los cuales menos del 15 por ciento logran ser judicializados con éxito. La nueva normativa busca que todos los ministerios públicos del país sigan un protocolo estándar y riguroso desde el primer momento de la investigación.
Uno de los pilares de la futura legislación es la tipificación homologada del delito, lo cual evitará que los agresores evadan la justicia debido a tecnicismos o diferencias en las definiciones legales de cada estado. La propuesta establece criterios claros para configurar la violencia feminicida, tales como signos de violencia sexual, antecedentes de maltrato, relaciones de poder entre el victimario y la víctima, o la exposición del cuerpo en espacios públicos. Además, se pretende que este crimen sea considerado imprescriptible y que las investigaciones se inicien de oficio sin excepción alguna.
El dictamen también contempla medidas severas que van más allá de la privación de la libertad, las cuales podrían alcanzar hasta los 70 años de prisión en los casos más graves. Entre las sanciones adicionales, se estipula que el responsable perderá de manera automática la patria potestad, la tutela y cualquier derecho sucesorio relacionado con la víctima. Asimismo, la reforma subraya la importancia de la reparación integral del daño, asegurando que el Estado mexicano asuma su responsabilidad en la protección de las familias afectadas.
Tras la aprobación en comisiones, el decreto establece un plazo máximo de ciento ochenta días naturales, contados a partir de su entrada en vigor, para que el Congreso de la Unión expida la ley general correspondiente. Los legisladores destacaron que esta modificación no generará un impacto presupuestario adicional en el presente ejercicio fiscal, centrándose en la optimización de los recursos y la coordinación institucional de las fiscalías. Este avance se alinea con los tratados internacionales firmados por la nación en materia de derechos humanos y erradicación de la violencia hacia la mujer.
Finalmente, la creación de este marco jurídico nacional representa un cambio de paradigma en la estrategia de seguridad y justicia de la administración actual. Al centralizar los criterios de investigación y castigo, se espera reducir drásticamente la brecha de impunidad y garantizar que ningún caso quede en el olvido por falta de herramientas legales. Con esta decisión, el Estado envía un mensaje contundente de cero tolerancia ante la violencia machista, priorizando la vida y la integridad de las ciudadanas en cada rincón del país.