El gobierno italiano aprobó sanciones de hasta cinco años de cárcel y multas de 20 mil euros por participación violenta en manifestaciones, además de nuevas medidas contra menores.
Roma, (Marcrix Noticias).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció este martes un endurecimiento de las sanciones por disturbios durante manifestaciones, así como el despliegue de 500 soldados adicionales en Milán, después de dos jornadas de enfrentamientos, saqueos e incendios que dejaron daños en establecimientos comerciales.
El Consejo de Ministros aprobó un decreto de seguridad que establece nuevas responsabilidades penales y económicas para quienes participen en actos violentos, incluidos adolescentes mayores de 14 años.
Entre las disposiciones destaca la obligación de que los padres respondan económicamente por determinados daños cometidos por sus hijos menores de edad.
Las autoridades italianas anunciaron que los militares reforzarán las labores de seguridad en Milán hasta finales de 2026, mediante el programa de vigilancia denominado “Strade Sicure”.
Italia establece penas de hasta cinco años por disturbios
El decreto incorpora el delito de participación violenta en una manifestación, aplicable a quienes integren grupos de cinco o más personas y realicen acciones que pongan en peligro la seguridad pública.
Entre las conductas contempladas se encuentran el lanzamiento de piedras, petardos y otros objetos peligrosos durante concentraciones. Las sanciones pueden alcanzar cinco años de prisión y multas de hasta 20 mil euros.
El gobierno también estableció agravantes cuando los participantes oculten su identidad o provoquen lesiones a otras personas.
Además, el decreto contempla penas de cuatro a 12 años de prisión para quienes organicen o promuevan la formación de grupos destinados a cometer actos violentos durante manifestaciones, incluso mediante plataformas digitales.
Padres deberán pagar daños ocasionados por sus hijos
Una de las modificaciones anunciadas por Meloni contempla que los padres o tutores puedan ser responsabilizados económicamente por daños ocasionados por menores de edad durante determinados actos violentos.
La medida incluye sanciones administrativas de entre 500 y mil euros en supuestos establecidos por el decreto, así como procedimientos para reclamar la reparación de daños a bienes públicos o privados.
En materia de justicia juvenil, las autoridades también facilitarán el procesamiento de adolescentes mayores de 14 años.
La nueva disposición establece la presunción de que los menores de esa edad en adelante comprenden las consecuencias de sus actos, salvo que se demuestre lo contrario.
Asimismo, permitirá aplicar medidas de detención preventiva a adolescentes bajo determinadas condiciones y contempla ampliar la capacidad de los centros de internamiento juvenil.
Qué ocurrió durante las protestas en Milán
Las medidas fueron anunciadas después de los disturbios registrados el sábado 17 y domingo 18 de octubre en Milán, donde miles de jóvenes participaron en manifestaciones relacionadas con el aumento del costo de vida y el descontento por los servicios públicos.
Las protestas comenzaron de manera pacífica, pero posteriormente algunos grupos protagonizaron enfrentamientos con la policía, rompieron escaparates y saquearon establecimientos comerciales.
Las autoridades reportaron más de 270 personas detenidas o retenidas durante los operativos del fin de semana, entre ellas numerosos menores de edad.
Los incidentes afectaron principalmente el centro de Milán y zonas comerciales cercanas a la catedral, donde varios establecimientos cerraron sus puertas de manera preventiva. Las fuerzas de seguridad utilizaron cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los grupos que participaron en los disturbios.
Despliegue militar genera debate en Italia
El gobierno italiano confirmó que los 500 militares adicionales reforzarán la vigilancia urbana, pero descartó otorgarles atribuciones generales de policía judicial, una propuesta que generó objeciones institucionales.
Organizaciones y representantes sindicales policiales han expresado preocupación por la ampliación de las facultades de seguridad y sus posibles consecuencias para las libertades civiles.
Por su parte, el gobierno sostiene que las medidas buscan distinguir entre el derecho a manifestarse y los actos de violencia, saqueo o destrucción de bienes. El decreto deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente, que exige su conversión en ley dentro de un plazo de 60 días.