Las manifestaciones contra el encarecimiento de la vida dejaron mil 800 detenidos y alrededor de 500 policías, gendarmes y bomberos heridos, según el balance provisional del Ministerio del Interior

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que quienes participaron en los ataques contra edificios públicos, comercios y ayuntamientos serán perseguidos y castigados, luego de los disturbios registrados durante las protestas del sábado 17 de octubre en distintas ciudades del país europeo.

“No hay ningún lugar para la violencia en nuestra República”, expresó el mandatario, quien también manifestó su respaldo a las fuerzas del orden y llamó a mantener un frente unido contra quienes, según dijo, buscan desestabilizar las instituciones e impedir que otras personas expresen pacíficamente sus reivindicaciones.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó el domingo 18 de octubre que mil 800 personas habían sido detenidas por su presunta participación en actos violentos. El funcionario señaló que las investigaciones continúan para identificar a los responsables de los destrozos y saqueos, con el objetivo de llevarlos ante la justicia. El balance era provisional y contemplaba alrededor de 500 policías, gendarmes y bomberos lesionados.

Las movilizaciones reunieron a unas 550 mil personas, de acuerdo con cifras oficiales, mientras que los organizadores calcularon una participación superior a 800 mil manifestantes en todo el país. En París, la asistencia fue de aproximadamente 110 mil personas, según el Ministerio del Interior. Las marchas convocaron a estudiantes, integrantes del movimiento de los chalecos amarillos, trabajadores de servicios públicos, jubilados y otros sectores inconformes con el aumento del costo de vida, las condiciones educativas y el deterioro del poder adquisitivo.

Aunque muchas concentraciones comenzaron de manera pacífica, varios puntos del país registraron enfrentamientos con la policía, incendios, saqueos y ataques contra instalaciones gubernamentales. En París, los disturbios dejaron vehículos calcinados, barricadas destruidas y escaparates rotos. Las autoridades también reportaron intentos de acercamiento de grupos de manifestantes a edificios considerados centros del poder político, entre ellos el Palacio del Elíseo, residencia oficial del presidente, y Matignon, sede del primer ministro.

Uno de los episodios más graves ocurrió en Limoges, donde un incendio provocó daños severos en el histórico ayuntamiento, construido en el siglo XIX. También se reportaron afectaciones en edificios municipales de Marsella y Lille. En distintas ciudades, los saqueos alcanzaron establecimientos comerciales, mientras que alcaldes de París, Marsella y Lyon solicitaron una reunión con el primer ministro, Sébastien Lecornu, para analizar la magnitud de los daños y la respuesta de las autoridades.

Lecornu sostuvo que detrás de los actos violentos existía una maniobra política y anunció que el Gobierno buscaría que las fiscalías solicitaran prisión provisional para las personas detenidas. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, también pidió medidas cautelares contra quienes sean acusados de participar en los disturbios. Las autoridades señalaron que las investigaciones deberán establecer la responsabilidad individual de los detenidos.

La actuación policial también quedó bajo escrutinio después de que un manifestante perdiera una mano en Saint-Étienne por la explosión de una granada lanzada por las fuerzas de seguridad, según información difundida por medios franceses. El incidente reavivó las críticas sobre el uso de armas y artefactos antidisturbios durante las manifestaciones.

La crisis ocurre mientras el Gobierno busca aprobar el presupuesto para 2027, que contempla un ajuste fiscal de 54 mil millones de euros para sanear las finanzas públicas. El malestar social también está relacionado con el incremento del precio de los combustibles, en un contexto marcado por el encarecimiento de la vida y las exigencias de mejores condiciones laborales y educativas.

Ante la magnitud de los disturbios, el Gobierno francés anunció que mantendrá las investigaciones y reforzará la respuesta institucional frente a los actos violentos. Macron respaldó las acciones de las fuerzas de seguridad y reiteró que los responsables de los ataques deberán responder ante la justicia, mientras el país evalúa los daños materiales y las consecuencias de una de las jornadas de protestas más tensas de las últimas semanas.