Las luchas ambientales en México continúan en varios estados contra proyectos turísticos, inmobiliarios y portuarios.

Activistas y comunidades mantienen resistencia contra proyectos turísticos, portuarios e inmobiliarios en varios estados.

México (Marcrix Noticias).- Las luchas ambientales en México continúan desarrollándose en distintos estados del país mientras comunidades, activistas y organizaciones civiles buscan frenar proyectos turísticos, inmobiliarios y portuarios que consideran una amenaza para la biodiversidad y los ecosistemas.

La reciente cancelación del proyecto Perfect Day de la empresa Royal Caribbean en Mahahual, anunciada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reactivó la atención sobre otros conflictos ambientales activos en diferentes regiones del país.

El proyecto contemplaba la construcción de un parque acuático en Mahahual, zona ubicada dentro del Sistema Arrecifal Mesoamericano, considerado el segundo arrecife más grande del mundo.

Organizaciones ambientalistas señalaron que la obra representaba riesgos para especies marinas como tortugas, delfines, rayas y tiburones nodriza.

Comunidades mantienen resistencia en distintos estados

Además de Mahahual, existen movilizaciones similares en estados como Nayarit, Baja California, Sonora y otras entidades donde habitantes denuncian afectaciones ecológicas derivadas de proyectos privados.

En Punta Mita, Nayarit, habitantes mantienen oposición contra proyectos inmobiliarios impulsados por el Grupo DINE.

La comunidad asegura que las obras podrían provocar impactos sobre playas, fauna local y actividades económicas relacionadas con la pesca y el turismo sostenible.

Entre las principales preocupaciones se encuentra la situación de Playa Las Cocinas, considerada uno de los últimos accesos no privatizados en la zona.

Habitantes también denunciaron presuntos actos de hostigamiento y detenciones arbitrarias contra personas que participan en las manifestaciones.

Alertan por riesgos ambientales en Loreto

Otra de las luchas ambientales en México se desarrolla en el Parque Nacional Bahía de Loreto.

Organizaciones y habitantes de Loreto solicitaron la revocación de un decreto publicado el 10 de abril de 2026 que reclasifica la zona como puerto de altura y cabotaje.

Activistas sostienen que la medida permitiría el ingreso de embarcaciones de gran tamaño y tráfico marítimo internacional en un ecosistema considerado de alta sensibilidad ambiental.

Especialistas y grupos ambientalistas advierten que el aumento del tránsito marítimo podría incrementar colisiones con cetáceos, ruido submarino y alteraciones en los hábitats marinos.

Entre las especies que podrían resultar afectadas se encuentran la ballena azul, la ballena jorobada, el cachalote y diversas especies de delfines.

Proyecto Saguaro genera preocupación en el Golfo de California

En el Golfo de California también existe oposición al denominado Proyecto Saguaro, impulsado para exportar gas natural licuado hacia Asia mediante transporte marítimo.

Organizaciones ambientales señalan que las rutas previstas para los buques atravesarían zonas utilizadas por ballenas para crianza y alimentación.

Los grupos opositores argumentan que el incremento de embarcaciones podría generar colisiones con especies marinas y alteraciones provocadas por el ruido submarino.

En plataformas de organizaciones ambientalistas se acusa que el proyecto pone en riesgo ecosistemas considerados Patrimonio de la Humanidad por su biodiversidad.

Playa Piedras Pintas enfrenta disputa inmobiliaria

En Sonora, habitantes y colectivos ambientales mantienen protestas por el desarrollo inmobiliario proyectado en Playa Piedras Pintas, ubicada en San Carlos.

La comunidad sostiene que el proyecto podría restringir accesos públicos y afectar especies vegetales protegidas presentes en la zona.

Activistas consideran que la playa representa uno de los últimos accesos libres al litoral en esa región y piden preservar el espacio para uso comunitario y conservación ambiental.

Las movilizaciones y denuncias continúan activas en diversas partes del país mientras organizaciones civiles mantienen exigencias dirigidas a autoridades ambientales y gobiernos estatales.

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