La Presidenta calificó como inmoral el monto que, según señaló, recibió el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral al concluir su gestión
Ciudad de México (Marcrix Noticias).- La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la liquidación de 11 millones de pesos que, aseguró, recibió el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, al concluir su gestión, y calificó este tipo de compensaciones como inmorales, pese a que pudieran estar apegadas a la legalidad.
Durante su conferencia matutina de este viernes, la mandataria señaló que resulta cuestionable que los exintegrantes del Consejo General del INE hayan recibido cantidades millonarias por concepto de retiro, particularmente cuando, dijo, durante su encargo percibían salarios superiores al de la titular del Ejecutivo federal.
“Puede ser legal, pero también es inmoral lo que se dieron los consejeros que salieron como retiro, 11 millones de pesos, 13 millones de pesos de liquidación por salir del INE. ¿Cuándo se ha visto eso?”, expresó.
Sheinbaum puso como ejemplo el caso de Lorenzo Córdova, de quien sostuvo que recibió alrededor de 11 millones de pesos, mientras que otro exfuncionario del organismo, quien se desempeñó como secretario ejecutivo, habría obtenido una compensación todavía mayor.
Liquidación de Lorenzo Córdova fue inmoral, Sheinbaum
La Presidenta también cuestionó que los exconsejeros percibieran remuneraciones de hasta dos millones de pesos mensuales en términos brutos, para posteriormente recibir liquidaciones millonarias al abandonar sus cargos.
Las declaraciones se dieron en el contexto de los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones del INE, particularmente en la adquisición de materiales y servicios relacionados con los procesos electorales, así como de un supuesto monopolio de empresas proveedoras que, de acuerdo con Sheinbaum, habría operado durante distintas administraciones del organismo.
Ante este escenario, recordó que su gobierno solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los contratos correspondientes al periodo de 2014 a 2025, además de que no descartó que las investigaciones puedan involucrar a la Fiscalía General de la República (FGR), debido a las denuncias penales que, aseguró, ya fueron presentadas.
Finalmente, sostuvo que las autoridades electorales deben transparentar sus procesos de contratación y revisar los mecanismos de adquisición de cara a las elecciones de 2027, con el propósito de evitar posibles irregularidades y generar ahorros en el gasto público.