El presidente López Obrador, afirmó que la Suprema Corte carece de base legal para bloquear la Reforma Judicial y en caso de hacerlo sería una grave violación constitucional.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).- En un contundente pronunciamiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no cuenta con un fundamento constitucional para frenar la reforma judicial actualmente en discusión.
López Obrador advirtió que cualquier intento de la Corte por detener el proceso legislativo sería una “violación flagrante a la Constitución” y una “aberración” que afectaría negativamente la vida pública del país.
Durante su conferencia matutina de este viernes 6 de septiembre, López Obrador cuestionó la legalidad de la consulta iniciada por la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña.
Esta consulta tiene como objetivo determinar si el máximo tribunal del país puede suspender el análisis y la eventual aprobación de la reforma que propone la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular.
El presidente describió esta acción como una posible arbitrariedad que afectaría el auténtico estado de derecho y evidenciaría un desprecio por la democracia y la justicia.
La reforma judicial, que ya ha sido aprobada por la Cámara de Diputados y está pendiente de revisión en el Senado, ha generado un intenso debate sobre el alcance de las competencias de la Corte.
La ministra Piña ha solicitado a los miembros del tribunal que se pronuncien sobre la posibilidad de que la presidencia del Alto Tribunal adopte medidas cautelares para suspender el proceso legislativo. Esta solicitud ha surgido a partir de diversos escritos enviados por la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito.
López Obrador, en su intervención, manifestó su escepticismo sobre la posibilidad de que la Corte prospere en su intento de intervenir en el proceso legislativo. El presidente expresó su preocupación de que dicha intervención podría ser motivada por el interés en preservar privilegios y evitar cambios que podrían afectar a los intereses del Poder Judicial.
Por su parte, la ministra Lenia Batres Guadarrama ha sido designada para elaborar y presentar el proyecto ante el pleno de la Corte, con base en los expedientes de consulta que se han abierto.