El Gobierno de Campeche expropió 70 mil metros cuadrados, para construir la Universidad de la Salud Rosario Castellanos, tras declararlos de utilidad pública.
Campeche (Marcrix Noticias).– El Gobierno de Campeche, encabezado por la gobernadora Layda Sansores, decretó la expropiación de 70 mil metros cuadrados de terrenos pertenecientes a la madre del senador Alejandro “Alito” Moreno y a personas cercanas a su círculo político y personal.
En dichos predios, ubicados en el fraccionamiento Miramar, se construirá la Universidad de la Salud Rosario Castellanos.
La declaratoria de utilidad pública, publicada en el Diario Oficial del Estado, abarca cuatro predios: uno propiedad de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre del senador priista; otro de Juan José Salazar Ferrer, señalado por Sansores como presunto prestanombres de Moreno; y dos más de Gabriela y Rafael Arturo Castilla Azar, este último actual titular de la Oficina de la Gobernadora. Las propiedades están situadas junto a la residencia conocida del legislador campechano.
Durante su programa Martes del Jaguar, Layda Sansores calificó la decisión como un acto de justicia y explicó que la reciente reforma a la Ley de Expropiación en Campeche da sustento legal a estas medidas.
Aseguró que la nueva norma establece la figura de utilidad pública y elimina la posibilidad de frenar los procesos mediante amparos.
“Hoy hicimos justicia… antes inventaban que se les iba a quitar las casas. Ahora no se valen los amparos: cuando se decide que es de utilidad pública, esto avanza porque avanza”, declaró la mandataria estatal, en alusión a los señalamientos hacia Alejandro Moreno.
El dictamen técnico-jurídico emitido por la Secretaría de Gobierno el pasado 26 de septiembre respalda la medida bajo el argumento de utilidad pública, lo que permite al Ejecutivo avanzar con los trámites necesarios para el proyecto educativo.
De acuerdo con Sansores, la Universidad de la Salud Rosario Castellanos, forma parte de la política educativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y busca ampliar la formación en ciencias de la salud, reforzando la infraestructura académica de la entidad.
Con esta expropiación, los dueños de los predios tienen cinco días hábiles para presentar alegatos. El pago de indemnizaciones podrá realizarse en un plazo de hasta diez años y la valuación de los terrenos quedará en manos del gobierno estatal.
Con información de El Imparcial.