La Fiscalía General de la República acreditó el mayor esquema de contrabando de combustible con 90 pruebas y vinculó a proceso al exgobernador Ruffo Appel, pero el expediente no señala a ningún funcionario público en activo.
México (Marcrix Noticias)-La investigación sobre “la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”, en palabras de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, omite atribuir responsabilidades a funcionarios públicos en activo.
En la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDMHDARV-COAH/0000651/2025, la Fiscalía General de la República (FGR) aportó un total de 90 datos de prueba –que incluyen reportes periciales, análisis financieros y dictámenes aduanales– para sustentar la orden de aprehensión contra 25 personas encabezadas por el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. Sin embargo, en el expediente no figura ni un solo servidor público imputado o señalado por facilitar el esquema.
A diferencia de otras organizaciones dedicadas al huachicol fiscal, este grupo utilizó infraestructura ferroviaria para ingresar ilegalmente a México 18 millones 225 mil 657 litros de combustible mediante las aduanas de Nuevo Laredo y Matamoros, en Tamaulipas. El hidrocarburo provenía de al menos ocho empresas radicadas en Texas, Estados Unidos, y era amparado con pedimentos falsificados.
Las inconsistencias pasaron de largo para la autoridad aduanera. Los 163 carrotanques ingresados registraban volúmenes diez veces superiores a los declarados, haciendo pasar el diésel por “solución de cloruro de calcio”.
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Aunque la FGR señala la complicidad de dos agentes aduanales –Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Víctor José Carretero Zardeneta–, la propia Ley Aduanera precisa que estos operan como particulares y no como funcionarios de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Los servidores públicos que aparecen con nombre y apellido en la orden de aprehensión (como Isaac Alejo Hernández de la ANAM o Benjamín Rafael Gómez Martínez de la SENER) figuran únicamente como denunciantes, informantes o autoridades que emitieron los reportes técnicos para sustentar el presunto delito.
La narrativa ministerial sostiene que la organización criminal logró introducir el combustible mediante la simulación y el engaño técnico (declarando sólo 10% del volumen real o cambiando el nombre del producto) ante la autoridad aduanera, pero no menciona que hayan contado con auxilio interno para ello.
Las omisiones institucionales también alcanzan la supervisión energética y financiera. La empresa eje del entramado, Ingemar, utilizó permisos otorgados por la Secretaría de Energía (Sener) para importar mil 766 millones de litros de combustible, pese a que su autorización era únicamente para 173 millones; es decir, excedió en más de 900% el volumen permitido sin que se activaran alertas administrativas, según las pruebas recogidas por la FGR.
En el ámbito financiero, la investigación documenta el uso de 11 empresas (entre ellas Crismon, Mapror y Lambrucar) para simular operaciones comerciales mediante la emisión de facturas (CFDI) y el blanqueo de capitales.
Según la investigación ministerial, los depósitos fueron rastreados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y quedaron asentados en el oficio 110/H/300/2026 del 2 de marzo de 2026. Mediante ese análisis de operaciones se detectaron un total de mil 492 operaciones financieras (entre depósitos, retiros y transferencias) vinculadas a la red de huachicol fiscal. De ellas, mil 470 operaciones fueron entre cuentas bancarias mexicanas, pero el esquema también incluyó transferencias internacionales hacia Texas, Estados Unidos; Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, y Alemania.
Algunas de las facturaciones fueron simuladas por más de nueve mil 400 millones de pesos y se registraron depósitos por mil 926 millones de pesos en favor de una compañía con un solo empleado registrado.
Pese al volumen de los movimientos bancarios y los reportes financieros integrados a la carpeta, la FGR no identifica a ningún funcionario del sistema financiero o de fiscalización por omitir las alertas correspondientes o facilitar el lavado de dinero.
Pruebas basadas en búsquedas en internet
Dentro de los 90 datos de prueba enunciados en la investigación, al menos cinco de ellos, como oficios e informes, están sustentados en la consulta de fuentes abiertas, búsquedas en internet y redes sociales.
Esos elementos fueron utilizados por la Fiscalía para corroborar la identidad y existencia de los 25 implicados, rastrear el historial corporativo de las 11 empresas del esquema y documentar antecedentes públicos negativos.
Derivado de esas búsquedas, localizaron notas del periódico Vanguardia, como la titulada “Involucran a internacional con red de huachicolero”, que permitió a las autoridades verificar que la red ya era investigada por falsificar documentos para importar volúmenes excedentes de hidrocarburos.
Asimismo una consulta en Google reveló el origen de la empresa eje, Ingemar, SA de CV, señalando que nació en octubre de 2018 vinculándose directamente con el “megadecomiso” de combustible en Coahuila.
La inteligencia de fuentes abiertas también documentó las fracturas internas de la red criminal; la Fiscalía integró una nota periodística donde el socio Ricardo Thompson Ramírez se deslindaba públicamente de las acusaciones y exigía investigar al exgobernador Ruffo Appel por huachicol fiscal.
Bajo ese rastreo la propia UIF reportó que las cuentas bancarias de los implicados fueron alertadas precisamente por “notas periodísticas negativas” vinculadas a la comercialización ilegal de hidrocarburos.
Aunado a eso, la indagatoria utiliza al menos tres oficios (con terminaciones 2184/2026, 030/2025 y 1923/2026) de la SSPC basados exclusivamente en el uso de búsquedas digitales públicas para obtener información sobre la experiencia laboral, domicilios y registros migratorios de los imputados.
A diferencia de estos datos basados en búsquedas públicas, la FGR recurrió a evidencia técnica y científica con dictámenes periciales en química, ingeniería y volumetría que confirmaron el transporte de combustible no declarado, mismas que fueron desglosadas a lo largo del resto de las 90 pruebas presentadas a la juez.
Vigilancia activa sin éxito
Agentes federales realizaron una vigilancia activa sobre las empresas y los implicados en la acusación penal. Sin embargo, no tuvo éxito. En junio de 2026 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementó operativos de vigilancia fija en domicilios de la Ciudad de México, Baja California, Hidalgo y Querétaro donde había registro de los acusados. Sin embargo, no se logró localizar físicamente a líderes como José Merino, Ernesto Ruffo o Guadalupe Hernández.
En San Luis Potosí y Querétaro se establecieron vigilancias sobre accionistas y empresas, como Logística Ferroviaria Fargo, pero los resultados fueron negativos al observar nula actividad humana o vehicular. Los agentes incluso enfrentaron negativas de información en casetas de seguridad y domicilios en construcción.
Ante estas diligencias fallidas, la Fiscalía intentó acreditar ante un juez de control federal que existía un inminente riesgo de sustracción de la justicia por parte de este grupo criminal. En la solicitud de orden de aprehensión, la FGR concluyó que la red cuenta con recursos y redes de apoyo que facilitan su ocultamiento dificultando su localización desde que se documentó el inicio de sus actividades ilícitas en abril de 2025.
Rechazo previo y libramiento de la orden
Un mes antes, en junio de 2026, la Fiscalía ya había intentado que un juez emitiera la orden de captura contra estos 25 empresarios y personajes del presunto entramado criminal. Sin embargo, el juez de control Mario Elizondo Martínez negó la orden de aprehensión al considerar que la FGR sólo hizo un desglose de las actividades de los imputados y no justificó su involucramiento en el delito de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
Pese a la primera negativa, la juzgadora Alejandra Ramírez de la Vega, quien estaba de guardia, libró la orden de captura el 14 de julio último.
Este 23 de julio, tras una audiencia de más de 24 horas, la jueza Ramírez de la Vega vinculó a proceso penal a los primeros ocho detenidos por este caso, incluido Ernesto Ruffo Appel.