Kilmar Abrego García fue acusado sin pruebas de pertenecer a la banda MS-13, y deportado a una cárcel salvadoreña.

Estados Unidos (Marcrix Noticias)-Un juez federal de Estados Unidos ha ordenado por segunda ocasión al gobierno de Donald Trump repatriar a Kilmar Abrego García, un migrante salvadoreño que fue deportado por error y posteriormente encarcelado en una de las prisiones más peligrosas de El Salvador, a pesar de contar con protección legal para permanecer en territorio estadounidense desde 2019.

La jueza de distrito Paula Xinis emitió el fallo este domingo, concluyendo que las autoridades estadounidenses violaron la ley al detener y deportar a Abrego García, quien emigró de El Salvador en 2011 huyendo de la violencia de las pandillas.

“Como reconocen los demandados, no tenían autoridad legal para arrestarlo, ninguna justificación para detenerlo y ningún motivo para enviarlo a El Salvador, y mucho menos entregarlo a una de las prisiones más peligrosas del continente”,
sentenció Xinis en su resolución.

El Departamento de Justicia apeló la decisión ante el Tribunal Federal de Apelaciones del 4º Circuito y pidió suspender la orden de repatriación. En medio del proceso judicial, el abogado del gobierno, Erez Reuveni, fue suspendido tras reconocer que Abrego “no debió haber sido removido” y admitir que no sabía por qué seguía detenido.

Deportación sin pruebas firmes

El caso ha desatado una nueva confrontación entre defensores de migrantes y la administración Trump, conocida por su enfoque duro hacia la inmigración. Las autoridades acusaron a Abrego García, de 29 años, de pertenecer a la pandilla MS-13, pero no presentaron pruebas sólidas que sustentaran dicha afirmación. El propio Abrego lo ha negado rotundamente.

Familia en pie de lucha

La esposa de Abrego, junto con sus tres hijos—todos ciudadanos estadounidenses—ha liderado la batalla legal para traerlo de regreso a Estados Unidos. Argumentan que la deportación se realizó sin una orden judicial válida, violando sus derechos legales y familiares.

El caso genera cada vez más atención pública y pone nuevamente bajo escrutinio las políticas de inmigración del expresidente Donald Trump, así como las irregularidades en su ejecución durante su administración.

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