Un juez federal concedió una suspensión que impide a autoridades de Michoacán, aplicar sanciones o realizar operativos en conciertos donde el grupo interprete narcocorridos.
Michoacán (Marcrix Noticias).- Un juez federal, concedió una suspensión provisional a la agrupación Los Alegres del Barranco que les permitirá interpretar narcocorridos y otros géneros similares durante sus presentaciones en Michoacán, pese al decreto estatal que prohíbe este tipo de música por considerar que hace apología del delito.
La medida fue otorgada por el juez Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado, como parte del juicio de amparo 518/2025 promovido por el grupo musical.
Con ello, se frena temporalmente la aplicación del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, el cual establece sanciones, clausuras e inspecciones a eventos con narcocorridos, corridos tumbados, bélicos y demás variantes que glorifiquen actividades delictivas.
La suspensión ampara a Los Alegres del Barranco, bajo el argumento de que el decreto vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho al trabajo.
El juez consideró que el acto constituye una forma de censura previa, prohibida tanto por la Constitución como por tratados internacionales.
La resolución indica que la restricción impuesta por el gobierno de Michoacán, no supera el “test de proporcionalidad”, exigido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que limita de forma absoluta derechos sin justificar su necesidad para proteger el interés público.
Mientras se celebra la audiencia incidental, programada para el 15 de mayo, las autoridades estatales y municipales no podrán aplicar el decreto en eventos donde participe la agrupación, ni realizar inspecciones ni imponer sanciones.
En respuesta, el Gobierno de Michoacán anunció que impugnará la decisión judicial ante un Tribunal Colegiado.
El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, afirmó que la suspensión “contraviene la ley de amparo y el interés popular” y defendió la vigencia del decreto como una herramienta para combatir la apología del delito en espacios públicos.
La controversia sobre los narcocorridos en el estado ha abierto un debate entre el derecho a la libertad de expresión y las políticas públicas de seguridad, en un contexto donde la música de este tipo ha sido señalada por su vínculo con grupos criminales.