El exgobernador de Guerrero obtuvo una suspensión para comunicarse con familiares y abogados; permanece en prisión preventiva por el caso Ayotzinapa.

México (Marcrix Noticias).– Un juez federal concedió al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, una suspensión de oficio y de plano para que las autoridades del penal de máxima seguridad del Altiplano le permitan mantener comunicación con sus familiares y abogados, luego de que denunciara encontrarse incomunicado.

La resolución fue emitida por Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, quien admitió a trámite la demanda de amparo promovida por la defensa del exmandatario.

La medida cautelar ordena que Aguirre Rivero pueda comunicarse con sus familiares y defensores, además de permitir que sus abogados tengan acceso a los locutorios del Centro Federal de Reinserción Social número 1 para entrevistarse con él.

También deberá permitirse al exgobernador realizar llamadas telefónicas con sus asesores para recibir asistencia jurídica, siempre conforme a los lineamientos establecidos por el centro penitenciario.

El juez estableció un plazo de 24 horas, contado a partir de la notificación de la resolución, para que las autoridades penitenciarias informen sobre el cumplimiento de la suspensión y acrediten las acciones realizadas.

Aguirre Rivero permanece recluido en el penal del Altiplano desde agosto, cuando fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas relacionado con el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, el exgobernador presuntamente ordenó ocultar y destruir evidencia considerada relevante para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Entre las evidencias señaladas por la Fiscalía se encuentran grabaciones de cámaras ubicadas en el exterior del Palacio de Justicia de Guerrero en Iguala, que habrían captado el paso de uno de los autobuses en los que viajaban normalistas durante los hechos. 

La FGR sostiene que Aguirre habría ordenado desaparecer ese material; esa imputación forma parte del proceso penal y no constituye una sentencia de culpabilidad.

En agosto, el juez de control Mario Elizondo Martínez determinó vincularlo a proceso y mantenerlo recluido en el penal de máxima seguridad mientras enfrenta el procedimiento penal.

La suspensión concedida ahora por el juez federal se limita a garantizar que Ángel Aguirre pueda mantener comunicación con sus familiares y su defensa, por lo que no implica su liberación ni modifica la medida de prisión preventiva que enfrenta por el caso Ayotzinapa.

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