Defensa de la víctima acusa decisiones arbitrarias en Chetumal; el caso ya fue turnado al Tribunal de Disciplina Judicial.
Chetumal(Marcrix Noticias).- Un juez de control en Quintana Roo enfrenta señalamientos por presuntamente vulnerar el debido proceso y favorecer a una de las partes en un caso judicial, lo que ha encendido alertas sobre posibles irregularidades en la impartición de justicia en la entidad.
De acuerdo con la defensa de la víctima, la actuación del juez Eduardo Utrilla López habría sido parcial y contraria a la Constitución, luego de que emitiera una resolución el pasado 17 de abril en la que, aseguran, se tomaron decisiones que comprometen el acceso a la justicia dentro de una carpeta administrativa en curso.
Entre los puntos más controvertidos, se acusa que el juzgador ordenó avanzar hacia una acusación formal en un plazo de 48 horas, aun cuando la propia autoridad ministerial reconoció que la investigación no estaba concluida y existían diligencias pendientes.
La defensa sostiene que esta determinación representa una medida desproporcionada al basarse en una indagatoria incompleta, además de señalar que el juez habría desestimado argumentos de la víctima sin justificación y replicado posturas de la defensa, lo que pone en duda su imparcialidad.
Otro de los señalamientos apunta a una posible invasión de funciones, ya que, según los abogados, corresponde exclusivamente al Ministerio Público definir el momento procesal para formular acusación, sin que el juez pueda imponer dicha estrategia.
Asimismo, se denunció que la víctima no fue informada sobre su derecho a impugnar la resolución ni sobre los plazos legales para hacerlo, situación que podría dejarla en estado de indefensión.
Ante estos hechos, el caso fue turnado al Tribunal de Disciplina Judicial, instancia que deberá determinar si existieron violaciones graves a los derechos fundamentales y al acceso a la justicia.
En paralelo, la defensa promovió un recurso de apelación para solicitar la revocación de la resolución, la reapertura de la investigación y la suspensión de la orden de acusación, mientras se revisa la legalidad de la actuación judicial.