Tras casi 20 años en prisión preventiva, Israel Vallarta asegura que su libertad fue resultado de lucha legal y no de pactos con el gobierno.

Ciudad de México,  (Marcrix Noticias)— Israel Vallarta, liberado a finales de julio tras casi dos décadas encarcelado sin sentencia, rompió el silencio y negó rotundamente que su salida del penal del Altiplano se deba a un acuerdo político con el gobierno federal.

En entrevista con Aristegui Noticias, Vallarta rechazó cualquier tipo de negociación con autoridades. “Durante todo el proceso, ni yo ni mi familia recibimos propuestas, beneficios ni condiciones por parte del gobierno”, afirmó.

“Lo que no se me perdona es mi tenacidad”, dijo, al subrayar que su libertad se debe exclusivamente a años de resistencia, lucha legal y presión social.

Aunque su caso cobró notoriedad pública tras el montaje televisivo difundido por Televisa en 2005, Vallarta fue enfático al señalar que no tiene intención de demandar al periodista Carlos Loret de Mola ni a la televisora.

“Quiero ejercer mi derecho de réplica, pero no deseo una revancha. Lo mío no es una cacería, es una búsqueda de verdad”, expresó.

Rechazó versiones que lo vinculan con abogados que prepararían acciones legales contra medios de comunicación. Su prioridad, dijo, es reconstruir su vida y acompañar a otras víctimas del sistema judicial mexicano.

También se pronunció sobre su expareja, Florence Cassez, liberada en 2013 tras un fallo de la Suprema Corte. Aclaró que no existe contacto ni coordinación entre ambos desde hace varios años.

“Ella eligió un camino y yo otro. No hay resentimiento, pero mi lucha ha sido individual y basada en hechos y pruebas”, recalcó Vallarta, quien busca que su caso se entienda con independencia del de Cassez.

La liberación de Vallarta ha revivido el debate sobre la prisión preventiva oficiosa y la fabricación de culpables en México.

Su historia es considerada uno de los casos más emblemáticos de violación al debido proceso, junto con el montaje mediático que marcó el inicio de su encarcelamiento.

Organizaciones de derechos humanos destacan que su testimonio puede ser clave para impulsar reformas profundas al sistema de justicia penal, donde miles de personas siguen presas sin sentencia firme.