A unos días de que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) dicte sentencia definitiva, en torno al juicio interpuesto por las empresas DKDA y KEF contra el ayuntamiento de Cuauhtémoc, Chihuahua, crece el riesgo de una inminente quiebra financiera en el municipio, que deberá indemnizarlas con más de 450 millones de pesos, cuando su presupuesto de egresos es de 782 millones.
Los corporativos ambientales demandaron al ayuntamiento, encabezado por el panista Elías Humberto Pérez Mendoza, por la rescisión de concesión, sin previo aviso, para la recolección y disposición final de residuos sólidos en un relleno sanitario que sustituiría al tiradero a cielo abierto del lugar.
De acuerdo con el expediente 038/2023-2 del (TEJA), la demanda emprendida contra el ayuntamiento fue plenamente documentada por los corporativos, y los alegatos del gobierno municipal carecen de validez, porque no se presentaron documentados que fundamentaran la rescisión de contrato.
En el documento, también quedó asentado que “en un acto de temeridad y mala fe”, el ayuntamiento planteó conceptos de impugnación erróneos, en el juicio Contencioso Administrativo interpuesto por DKDA y KEF.
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Asimismo, en el expediente consta que el secretario del Ayuntamiento, Rafael Cavazos Aragón, se ha negado a conciliar y a tomar una medida alternativa para solucionar el conflicto, por lo que se está a la espera de sentencia, que, de resultar adversa, alcanzaría a la administración de la gobernadora María Eugenia Campos.
En ese contexto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo de revisión 159/2003 en el que “garantiza los intereses legítimos de los concesionarios, por lo que las modificaciones legales no podrán establecer cargos que afecten desproporcionadamente o injustamente su esfera jurídica y su patrimonio”.