La exconductora presentó un recurso de habeas corpus para cuestionar su detención migratoria y evitar que sea trasladada a otro centro. Un juez federal rechazó conceder la medida de emergencia y solicitó a las autoridades justificar su permanencia bajo custodia
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Ciudad de México. ( Marcrix Noticias).- La exconductora de televisión Inés Gómez Mont impugnó su detención migratoria en Estados Unidos y solicitó a la justicia federal que revisara la legalidad de su permanencia bajo custodia. Sin embargo, el juez Jeffrey Kuntz rechazó su petición para impedir que fuera trasladada a otro centro de detención mientras se resolvía su situación jurídica.
La defensa presentó el 31 de octubre una demanda de habeas corpus ante la Corte de Distrito para el Sur de Florida. Mediante este recurso, los abogados buscaron que un juez examinara los motivos de su detención y determinara si existían fundamentos legales para mantenerla bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Junto con la demanda, los representantes legales de Gómez Mont interpusieron una solicitud de emergencia para evitar que las autoridades migratorias la trasladaran a otra instalación. No obstante, el magistrado rechazó conceder la medida de manera inmediata, al considerar que los tribunales no tenían facultades para impedir al ICE realizar movimientos de personas bajo su custodia.
El juez también solicitó a las autoridades migratorias que justificaran la necesidad de mantener detenida a la exconductora. La respuesta debía presentarse a más tardar el miércoles 4 de noviembre, mientras el procedimiento judicial continuaba en territorio estadounidense.
Hasta el momento de la publicación, Gómez Mont permanecía en el Broward Transitional Center, ubicado en Pompano Beach, Florida. Entre los documentos presentados por su defensa se encontraban informes médicos relacionados con el tratamiento de una de sus hijas, con los que buscaban argumentar que debía permanecer en la zona de Miami.
La detención de la exconductora ocurrió el 30 de octubre y fue confirmada por la Fiscalía General de la República, que informó que contaba con una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. La impugnación presentada en Estados Unidos no implicaba que las acusaciones en su contra hubieran sido desestimadas.