Penas de seis a diez años de prisión por despojo de inmuebles en agravio de personas mayores de 60 años o con discapacidad
Ciudad de México (Marcrix Noticias)- Se busca imponer pena de seis a diez años de prisión y de quinientas a dos mil Unidades de Medida y Actualización, cuando el delito de despojo de inmuebles se cometa en contra de personas mayores de sesenta años de edad o personas con discapacidad, en una reforma al código penal incrementando las penas.
El diputado José Luis Montalvo Luna (PT) impulsa iniciativa que adiciona un artículo 395 Bis al Código Penal Federal y que incluye la simulación de actos de ejercicio de autoridad, se utilicen documentos falsos por personas que busquen acreditar la propiedad del inmueble para hacer posesión del mismo, y cuando un servidor público autorizado para tratar datos personales de los ciudadanos participe de la comisión de un crimen en materia de despojo.
El diputado José Luis Montalvo indica que actualmente el Código Penal Federal no contempla agravantes adecuadas para este delito, lo que resulta insuficiente ante la realidad social que enfrenta el país. Por ello, propone la adición del artículo 395 Bis para incluir circunstancias agravantes específicas.
En el documento, enviado a la Comisión de Justicia, Montalvo Luna expone que el artículo 395 del Código Penal Federal ya tipifica el delito de despojo de inmuebles, pero es evidente que las disposiciones actuales deben ajustarse a la realidad social, pues la inclusión de las mencionadas agravantes permitirá una mayor eficacia en la persecución de este delito y en la protección del patrimonio de las y los mexicanos.
En la iniciativa se advierte que el delito de despojo de inmuebles ha mostrado un alarmante incremento, como lo demuestran las denuncias presentadas en los últimos años.
Este fenómeno ha sido impulsado por diversos factores, entre los que destacan la conformación de redes delictivas dedicadas a la apropiación ilegal de inmuebles, con el propósito de obtener importantes beneficios económicos.
Menciona que dichas redes aprovechan la limitada oferta de vivienda nueva en el país, lo que facilita la venta de inmuebles obtenidos ilícitamente agravando la situación. Además, el despojo de inmuebles se comete cada vez con mayor violencia mediante la acción de grupos organizados que se dedican a desalojar a personas de sus propiedades.