La Federación inició un nuevo frente legal contra Calica al exigir formalmente la recuperación de 6.1 hectáreas dentro del puerto de Punta Venado, en Playa del Carmen, argumentando que esos terrenos fueron donados al Gobierno Federal desde 1991.
México (Marcrix Noticias)-El Gobierno de México emprendió una nueva disputa legal contra la empresa Calica, filial de la estadounidense Vulcan Materials Company, al reclamar oficialmente 6.1 hectáreas ubicadas dentro del área concesionada del puerto de Punta Venado, al sur de Playa del Carmen.
La solicitud fue promovida por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que busca formalizar la inscripción de un contrato de donación realizado en 1991 por Rancho Piedra Caliza, una de las empresas vinculadas a Calica.
De acuerdo con documentos integrados en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Quintana Roo, la superficie en disputa forma parte de un predio de 201.9 hectáreas adquirido por la compañía en 1986 y utilizado durante décadas para operaciones portuarias y traslado de material pétreo.
El expediente señala que el 16 de mayo de 1991 el Gobierno Federal y la empresa firmaron un acuerdo mediante el cual una parte del terreno sería cedida a la Federación; sin embargo, ese acto nunca fue inscrito oficialmente, por lo que el Estado no pudo ejercer derechos sobre el inmueble.
Ahora, mediante el oficio 15.6.11.214.00764.2024, la Federación formalizó el reclamo sobre las 6.1 hectáreas, abriendo un nuevo capítulo en la larga confrontación legal y ambiental que mantiene con la compañía minera.
La controversia se suma a otros procesos iniciados en administraciones anteriores, desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, continuando con Andrés Manuel López Obrador y actualmente bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Según los registros consultados, Calica destinó más de 17 millones de nuevos pesos para construir infraestructura estratégica en Punta Venado, incluyendo una terminal de transbordadores, plataformas de servicio, vialidades y conexiones con la carretera federal 307.
Estas instalaciones fueron utilizadas por cerca de cuatro décadas para exportar material pétreo extraído en la zona sur de Playa del Carmen, actividad que actualmente permanece detenida tras diversas acciones legales y ambientales impulsadas por el Gobierno Federal.