La administración de Donald Trump pretende contratar a una empresa privada para localizar a personas deportadas o que salieron voluntariamente de Estados Unidos y que mantienen multas migratorias pendientes, principalmente en México, Guatemala y Honduras.
Estados Unidos (Marcrix Noticias).- El Gobierno de Donald Trump puso en marcha un plan para reforzar el cobro de multas migratorias pendientes, mediante la contratación de una empresa privada que localice en México, Guatemala y Honduras a personas deportadas o que abandonaron voluntariamente Estados Unidos y que aún adeudan sanciones impuestas por autoridades migratorias.
De acuerdo con una convocatoria emitida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), la empresa deberá estar registrada en Estados Unidos y contar con la capacidad de identificar a los deudores fuera del territorio estadounidense, notificarles el monto de sus obligaciones y gestionar el pago correspondiente.
Según el documento, una vez localizada la persona, la compañía deberá informarle sobre el saldo pendiente y ofrecer alternativas para liquidarlo, ya sea mediante un pago total, un esquema de pagos parciales o cualquier otro mecanismo autorizado. Las multas podrán ser cubiertas por el propio migrante o por un tercero.
Además, la empresa tendrá que comprobar ante las autoridades estadounidenses que identificó correctamente al deudor. Para ello podrá recopilar evidencia como fotografías del domicilio, recibos de servicios públicos, registros laborales o, en caso de que la persona haya fallecido, presentar el certificado de defunción.
La CBP estima que actualmente 66 mil 387 inmigrantes expulsados o que abandonaron voluntariamente Estados Unidos mantienen multas migratorias pendientes. En conjunto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calcula que el monto total de estas deudas asciende a aproximadamente 423 millones de dólares.
La administración de Trump reactivó el año pasado el cobro de sanciones civiles por diversas violaciones a la legislación migratoria, entre ellas el incumplimiento de órdenes de deportación. Estas multas fueron establecidas originalmente en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1996 con un monto de 500 dólares diarios, pero tras los ajustes por inflación actualmente alcanzan los 998 dólares por día.
Hasta ahora, el Gobierno estadounidense ha recurrido a empresas privadas para recuperar este tipo de adeudos, aunque todas operan desde territorio estadounidense. Sin embargo, la CBP reconoció que estos despachos únicamente han intentado contactar a los deudores mediante llamadas telefónicas o correspondencia y que, hasta julio pasado, ninguna había logrado localizar a un migrante fuera de Estados Unidos.
Con esta nueva estrategia, la administración busca ampliar la capacidad de recuperación de las multas migratorias pendientes, permitiendo que una empresa opere directamente en los países donde residen los deudores, especialmente en México, Guatemala y Honduras.