Un juzgado de Chetumal otorgó las suspensiones provisionales a los motociclistas para invalidar el artículo 218 bis de la Ley de Movilidad.
Cancún (Marcrix Noticias)-La Consejería Jurídica del Ejecutivo de Quintana Roo ha impugnado dos suspensiones provisionales de amparo que motociclistas obtuvieron el pasado 28 de octubre contra la “Ley Chaleco”, normativa que obliga a los motociclistas a portar chaleco fluorescente y casco con el número de placa impreso. Las suspensiones están vinculadas a los expedientes 722/2024 y 723/2024, presentados en el Juzgado Primero de Distrito en Chetumal y otorgadas luego de que el Poder Judicial reanudara actividades tras un paro.
Los motociclistas demandaron la invalidez del artículo 218 bis de la Ley de Movilidad, que establece las disposiciones de chaleco y casco con placa rotulada como medida de seguridad. En respuesta, el Gobierno de Quintana Roo, junto con el Congreso del Estado, fue señalado como responsable y presentó recursos de queja en el Primero y Segundo Tribunal Colegiado de Circuito. La medida busca revertir la suspensión y mantener en vigor la normativa.
En el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, el magistrado Alex Humberto Ramírez fue designado para elaborar el proyecto de resolución de la queja. Sin embargo, el magistrado José Luis Zayas Roldán, del Segundo Tribunal, se excusó de conocer el recurso, argumentando conflicto de interés, ya que él mismo presentó una demanda de amparo en el Juzgado Tercero de Distrito contra la “Ley Chaleco” en su calidad de motociclista, obteniendo también una suspensión provisional.
La “Ley Chaleco” ha generado controversia entre motociclistas en Quintana Roo, quienes argumentan que la normativa afecta su libertad y la consideran innecesaria, mientras que las autoridades insisten en su implementación como medida de seguridad para reducir accidentes y facilitar la identificación de los motociclistas en caso de infracciones o emergencias.
La resolución final de los recursos de queja podría sentar un precedente significativo en la implementación de normas de seguridad vial en el estado, mientras las demandas de los ciudadanos continúan en tribunales federales.