El Gobierno estatal aclaró que el desalojo fue legal y se dará apoyo a las familias afectadas.
Tulum (Marcrix Noticias).– El Gobierno de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Gobierno, informó que el reciente desalojo realizado en un predio del municipio de Tulum, fue producto de un proceso legal, no de una acción arbitraria.
La titular de la dependencia, Cristina Torres Gómez, explicó que se trató del cumplimiento de una acción reivindicatoria, es decir, la restitución de un terreno a su propietario legítimo, con base en una orden emitida por la autoridad judicial.
Torres Gómez, precisó que las personas que habitaban el predio fueron notificadas con anticipación para que desocuparan el lugar, pero al no hacerlo tras un periodo considerable, se procedió conforme a lo establecido en el marco legal.
Aseguró que el procedimiento se llevó a cabo respetando los derechos humanos y que el gobierno estatal ha brindado atención a las familias afectadas a través de diversas instancias.
Asimismo, indicó que se analiza la posible incorporación de las familias desalojadas a programas federales de vivienda, con el objetivo de ofrecer alternativas dignas y garantizar su derecho a una vivienda adecuada, especialmente para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
El operativo, ejecutado durante la madrugada del miércoles 23 de julio por elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desató una fuerte protesta por parte de los pobladores desalojados.
Como medida de presión, habitantes de la colonia irregular conocida como “Tren Maya” bloquearon la carretera federal 307, en el tramo Tulum–Felipe Carrillo Puerto.
Los habitantes, algunos armados con herramientas, denunciaron un desalojo violento y aseguraron que hubo enfrentamientos con elementos de seguridad. Reportaron personas lesionadas, entre ellas mujeres y adultos mayores, así como la detención de varios manifestantes, quienes fueron trasladados a la Cárcel Municipal de Tulum.
Los inconformes exigieron la intervención directa de la gobernadora, para que se les permita regresar al predio desalojado, ubicado a seis kilómetros de Tulum, o que se les asigne un nuevo lugar donde puedan vivir. También demandaron la devolución o el pago de pertenencias que, aseguran, fueron destruidas o robadas durante el operativo.
El gobierno estatal reiteró su compromiso con el cumplimiento de la ley, pero también con el acompañamiento social a las familias en situación de vulnerabilidad, garantizando que se analizarán sus condiciones, para brindarles opciones de reubicación mediante los mecanismos institucionales disponibles.