El gobierno de Campeche exige detalles del medio de comunicación Telemar y de su personal, generando alerta sobre censura.
Campeche (Marcrix Noticias)-La Fiscalía General del Estado de Campeche emitió el oficio 040/2025 dirigido a Producciones Telemar, S.A. de C.V., solicitando información detallada sobre el personal encargado de redactar notas y administrar contenido en las plataformas digitales del medio.
El oficio establece un plazo de cinco días hábiles para responder, advirtiendo que la falta de cumplimiento podría derivar en sanciones económicas y procesos legales por desobediencia, lo que algunos analistas y periodistas consideran un intento de controlar y censurar la labor periodística en la entidad.
El documento de la Fiscalía hace referencia a artículos de la Constitución Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Campeche, que obligan a personas y empresas a proporcionar información en investigaciones del Ministerio Público.
Sin embargo, críticos señalan que la aplicación de estas disposiciones en un contexto periodístico podría constituir un exceso de autoridad y sentar un precedente preocupante para la libertad de prensa en la entidad.
Este procedimiento ocurre después de la presión ejercida sobre el medio Tribuna de Campeche, que ha recibido advertencias legales por publicaciones críticas hacia el gobierno estatal.
Diversos medios locales y organizaciones defensoras de los derechos humanos advierten que estas prácticas podrían generar autocensura, afectando la capacidad de los periodistas para informar con independencia y cuestionar la gestión pública.
Periodistas y analistas han manifestado que la solicitud de información por parte de la Fiscalía se asemeja a un intento de intimidación, en un contexto donde la crítica a la administración de Layda Sansores ha enfrentado represalias legales y administrativas.
“El uso de estas herramientas legales para investigar a un medio de comunicación por su contenido editorial es preocupante y puede limitar la libertad de prensa”, señalaron expertos en derechos humanos.
El caso refuerza la percepción de que el gobierno estatal busca regular y controlar la narrativa mediática, generando un clima donde los medios locales podrían autocensurarse para evitar conflictos legales.
Organizaciones defensoras de derechos civiles han subrayado la necesidad de que las autoridades distingan entre obligaciones legales y libertad de expresión, asegurando que la función periodística no sea objeto de intimidación o sanción indebida.
Con información de Tribuna de Campeche.