La exasociada de Epstein ofrece testimonio sobre la red de tráfico sexual a cambio de clemencia, lo que podría implicar a figuras de alto perfil.
Washington, D.C., (Marcrix Noticias)-Ghislaine Maxwell, exnovia y cómplice del magnate Jeffrey Epstein, ha solicitado inmunidad o un indulto a cambio de comparecer ante el Congreso de Estados Unidos en la audiencia prevista para el 11 de agosto, convocada por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
El presidente del comité, el republicano James Comer, llamó a Maxwell a testificar como parte de la investigación legislativa sobre la red de tráfico sexual de menores que operó durante años bajo el amparo de figuras poderosas. Sin embargo, la exsocialité británica ha condicionado su presencia a que se le conceda protección legal total y que la audiencia se realice en Washington, D.C., no en la prisión federal de Florida donde cumple una condena de 20 años por tráfico sexual.
Su abogado, David Markus, afirmó que Maxwell está dispuesta a cooperar plenamente y brindar un testimonio “abierto y honesto”, siempre y cuando el gobierno garantice su seguridad jurídica y personal.
¿Qué hay detrás del ofrecimiento?
La petición ocurre en medio de una nueva ola de atención pública sobre el caso Epstein, luego de una reunión confidencial entre Maxwell y el fiscal adjunto Todd Blanche, en la que presuntamente la reclusa mencionó más de cien nombres relacionados con la red. No se ha confirmado si se trata de víctimas, cómplices o clientes.
Esta nueva fase del caso ha reactivado tensiones políticas y mediáticas, ya que se especula que algunos nombres podrían pertenecer a altos funcionarios, celebridades o exmandatarios, incluyendo al expresidente Donald Trump, quien ha negado cualquier implicación y calificado los señalamientos como “fabricaciones”.
El rastro documental
En 2025 se liberaron más de 300 GB de documentos vinculados a Epstein, entre ellos imágenes y videos que evidencian abusos contra víctimas menores de edad. Sin embargo, hasta ahora no existe evidencia pública de una “lista de clientes” ni de un esquema de chantaje directo hacia figuras públicas.
Un juez federal mantiene selladas varias transcripciones del gran jurado, citando la necesidad de proteger investigaciones en curso.