La Fiscalía solicitó al Congreso de Veracruz el desafuero del alcalde de Ixhuatlán del Sureste para proceder en su contra por su presunta participación en el crimen de la periodista.
Veracruz (Marcrix Noticias).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz solicitó al Congreso local el desafuero del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, al señalarlo como el presunto autor intelectual del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. La petición busca retirar la protección constitucional del edil para poder ejercer acción penal en su contra.
De acuerdo con la carpeta de investigación, la Fiscalía sostiene que el Presidente Municipal habría ordenado el crimen de la comunicadora, quien presuntamente tenía en su poder una fotografía donde el alcalde aparecía portando un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
La hipótesis ministerial señala que el edil habría contactado a un presunto líder del grupo criminal Grupo Sombra para ejecutar el secuestro y posterior homicidio.
La solicitud de desafuero fue presentada el pasado 6 de julio por la Fiscalía ante el Congreso de Veracruz. En el mismo documento también se pidió retirar el fuero al alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, aunque hasta el momento las autoridades no han dado a conocer los delitos que se le imputan.
Las investigaciones indican que Roxana Guzmán fue privada de la libertad el pasado 2 de junio en Nanchital y posteriormente trasladada a un predio en Ixhuatlán del Sureste, donde habría sido asesinada.
Sus restos fueron localizados en una fosa clandestina y su identidad fue confirmada mediante pruebas periciales. Hasta ahora, ocho personas han sido relacionadas con el caso, entre ellas cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo y cuatro elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste.
Rubicelia Ramírez Posada, madre de la periodista, reconoció el trabajo realizado por la Fiscalía, pero pidió que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias.
Además, solicitó que se investigue a otros funcionarios y elementos policiacos presuntamente involucrados, al tiempo que exigió que “caiga todo el peso de la ley” contra los responsables del asesinato de su hija.
Por su parte, Movimiento Ciudadano defendió el respeto al debido proceso y rechazó cualquier uso político de las instituciones de procuración de justicia.
La diputada local Elena Córdova Molina afirmó que el partido no protegerá actos de impunidad, pero exigió que las investigaciones se sustenten en pruebas y no en especulaciones.
Mientras tanto, los alcaldes señalados cuentan con un plazo de siete días hábiles para presentar su defensa ante la Comisión Instructora del Congreso, que posteriormente determinará si procede el retiro del fuero.
Con información de Latinus y de Eje Central.