Especialistas advierten en Quintana Roo omisiones graves en derechos humanos y falta de mecanismos para exigir pensión alimenticia.
Cancún(Marcrix Noticias).- En un seminario organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, especialistas analizaron los efectos del Tren Maya y señalaron impactos sociales críticos en comunidades cercanas a su construcción.
Durante el encuentro, la investigadora Yunitzilim Rodríguez Pedraza presentó un panorama contundente: cientos de mujeres habrían sido abandonadas tras relaciones con trabajadores vinculados al proyecto, quedando con hijos y enfrentando deudas económicas, sin mecanismos claros ni accesibles para exigir pensión alimenticia.
Explicó que esta situación no solo refleja un problema social aislado, sino una falla estructural en la protección de derechos humanos, donde las mujeres y niñas quedan en una posición de vulnerabilidad frente a la falta de regulación y seguimiento por parte de autoridades y empresas involucradas.
Rodríguez Pedraza subrayó la urgencia de incorporar una perspectiva de género en megaproyectos de esta magnitud, así como de establecer responsabilidades legales concretas que eviten que estos casos queden en la impunidad.
En el mismo seminario, académicos y especialistas coincidieron en que, si bien el Tren Maya ha generado empleos, estos han sido mayormente temporales, lo que ha dejado a muchas comunidades en una situación de incertidumbre económica una vez concluidas las obras en sus regiones.
Asimismo, se destacó que el desarrollo del proyecto ha traído consigo cambios significativos en el uso del suelo, desplazamientos de población y una creciente presión sobre recursos naturales, lo que impacta directamente en la dinámica social y económica de localidades en Quintana Roo.
En materia ambiental, investigadores advirtieron sobre afectaciones a ecosistemas sensibles, fragmentación de hábitats y riesgos para la biodiversidad, señalando que los efectos podrían ser irreversibles si no se implementan medidas de mitigación adecuadas.
Autoridades universitarias indicaron que estos espacios de análisis buscan visibilizar las distintas aristas de los megaproyectos y fomentar un debate informado que permita construir políticas públicas más justas, equilibradas y sostenibles.
Finalmente, los participantes coincidieron en que es fundamental escuchar a las comunidades afectadas, garantizar el respeto a sus derechos y evitar que el desarrollo económico avance a costa de la dignidad, la estabilidad social y el entorno ambiental.
