La Fiscalía confirmó la detención de los funcionarios tras difundirse videos donde personas bajo custodia eran torturadas y asfixiadas durante interrogatorios.
Tuxtla Gutiérrez (Marcrix Noticias).– Videos difundidos en redes sociales exhibieron a presuntos agentes de la Fiscalía General del Estado de Chiapas participando en actos de tortura contra personas detenidas durante interrogatorios realizados en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.
Las grabaciones muestran a dos hombres con las manos inmovilizadas mientras elementos ministeriales y policías presuntamente los someten a asfixia colocando bolsas de plástico sobre sus cabezas para obligarlos a declarar.
Uno de los casos corresponde a un hombre detenido el pasado 14 de marzo en la colonia Loma Bonita, durante un operativo relacionado con el robo de vehículos, informó el fiscal estatal Jorge Luis Llaven Abarca. Sin embargo, en los videos aparecen al menos dos personas distintas en locaciones aparentemente diferentes.
De acuerdo con la información difundida, uno de los detenidos habría sido arrestado en la colonia Terán, también en Tuxtla Gutiérrez. Hasta el momento, las autoridades no han revelado públicamente la identidad de las víctimas ni mayores detalles sobre los casos.
🚨 Chiapas investiga presuntos actos de tortura cometidos por agentes de la Fiscalía estatal.
— Ultra Noticias EdoMex (@ultranoticiasfm) May 21, 2026
El gobernador Eduardo Ramírez ordenó actuar de inmediato para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables en caso de confirmarse las acusaciones.
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En uno de los videos se observa a un hombre sentado mientras le retiran una bolsa de plástico de la cabeza, momento en el que intenta recuperar el aliento. En otra grabación aparecen varios agentes frente a un espejo mientras uno de los detenidos permanece sentado con el rostro completamente cubierto por una bolsa.
En redes sociales se señaló que uno de los presuntos responsables sería el comandante Pablo Custodio, identificado como integrante de la Policía de Investigación Ministerial, aunque esta información aún deberá ser confirmada oficialmente por las autoridades.
Tras la difusión de las imágenes, organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron una investigación exhaustiva sobre posibles actos de abuso y tortura cometidos durante procedimientos de seguridad y procuración de justicia.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas recordó que anteriormente ya había manifestado preocupación por denuncias relacionadas con malos tratos y métodos coercitivos utilizados por corporaciones de seguridad en Chiapas.
Luego del escándalo, el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca informó la detención de 10 funcionarios presuntamente involucrados en los hechos, entre ellos un subdirector, un secretario, cinco policías y tres agentes del Ministerio Público.
“Tenemos ya identificadas a las personas que aparecen en el video. Vamos a seguir ahondando en las investigaciones para determinar si existe la responsabilidad de más personas que participaron en estos lamentables sucesos”, declaró el fiscal.
Asimismo, aseguró que no habrá impunidad y advirtió que los responsables enfrentarán la justicia.
“Vamos a ser implacables y no habrá impunidad; quienes cometieron el delito de tortura van a enfrentar la justicia”, afirmó en un mensaje difundido en video.
La Fiscalía General del Estado indicó que se ordenó de manera inmediata el inicio de una carpeta de investigación y se designó a un grupo especial del Ministerio Público para recabar pruebas y esclarecer lo ocurrido.
Por su parte, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, pidió actuar de inmediato contra los elementos de seguridad exhibidos en los videos.
“En Chiapas, a los presuntos delincuentes bajo la acción de la justicia se les deben respetar sus derechos humanos, sin importar la gravedad de los delitos que se les imputen”, expresó el mandatario estatal en sus redes sociales.
El gobernador señaló que solicitó a la Fiscalía estatal investigar los hechos y castigar a quienes resulten responsables, al considerar que cualquier persona bajo custodia debe tener garantizado el respeto a su integridad y derechos humanos.