A partir del 22 de junio, México reconocerá derechos laborales a repartidores y conductores de plataformas como Uber, DiDi y Rappi.

Ciudad de México. (Marcrix Noticias)- A partir del próximo 22 de junio de 2025, entrará en vigor la reforma laboral que por primera vez en México regula a los trabajadores de plataformas digitales, como conductores de Uber y DiDi o repartidores de Rappi.

La ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, establece que quienes laboren en estas plataformas tendrán acceso a seguridad social, reparto de utilidades e indemnización por despido, siempre que sus ingresos superen los 8 mil 364 pesos mensuales. También se contempla una retención del 2.5 % sobre los ingresos de cada trabajador.

Ante la nueva normativa, Andrew Macdonald, presidente global de operaciones de Uber, calificó la reforma como “innovadora”, pero alertó sobre posibles “consecuencias accidentales”.

De acuerdo con datos internos de la empresa, 83 mil de los 250 mil conductores activos en México podrían abandonar la plataforma debido a una disminución en sus ingresos. Además, estiman pérdidas de hasta 12 mil millones de pesospara los socios conductores, y 2 mil millones para el fisco mexicano.

Según cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), más de 500 mil personas en México generan ingresos a través de estas plataformas digitales, siendo la única fuente de sustento para muchos de ellos.

Sin embargo, un estudio de la organización Nosotrxs reveló que 62 % carece de acceso a servicios médicos y 87 % no tiene contrato formal, lo que expone la precariedad laboral de este sector.

México se convierte en uno de los primeros países de América Latina en regular de forma específica el trabajo en apps. El reto, tanto para el gobierno federal como para las empresas, será encontrar un equilibrio entre derechos laborales y flexibilidad operativa, que ha sido una de las principales características de estas plataformas.

En un país donde el 55 % de los trabajadores están en la informalidad según el INEGI, esta reforma marca un cambio trascendental hacia la formalización del trabajo digital, aunque con riesgos potenciales para el ecosistema económico que estas aplicaciones han construido.