Javier Olvera, presidente del CCE, señaló que el gasto promedio de los excursionistas de cruceros es de 83.9 dólares. Con el nuevo impuesto, que representaría el 49.5% de ese monto, los destinos turísticos del estado podrían perder su atractivo como opciones accesibles.

“La percepción de Quintana Roo como un destino de valor podría cambiar drásticamente, afectando el flujo de visitantes y la economía local”, expresó Olvera.

El aumento afectaría directamente a sectores fundamentales como:

• Hotelería
• Comercio local
• Servicios turísticos

Además, el nuevo derecho migratorio de 860.56 pesos por crucerista, junto con otros aumentos, como el 100% al ingreso a Áreas Naturales Protegidas y el 20% al Derecho de No Residente, podrían desincentivar la llegada de turistas en 2025.

Desde el CCE, se hace un llamado a las autoridades federales para reconsiderar la medida y buscar alternativas que no pongan en riesgo la prosperidad económica del Caribe Mexicano.

El senador quintanarroense Eugenio Segura Vázquez ha propuesto aplazar la entrada en vigor del impuesto hasta por 180 días, argumentando que las navieras venden los paquetes con antelación, y un cambio súbito podría afectar las proyecciones turísticas.

Aunque en 2024 se espera la llegada de 20 millones de turistas, la implementación de estos cobros podría reducir considerablemente esas cifras, afectando no solo a las navieras, sino también a las comunidades locales que dependen del turismo.

Para los empresarios del Caribe, el reto está en mantener la competitividad de los destinos turísticos sin comprometer el desarrollo económico y social de la región.