Una empresa importadora de diésel vinculada con Amílcar Olán, empresario identificado como cercano a Andrés Manuel López Beltrán, habría ingresado a México alrededor de 90 millones de litros de combustible entre febrero y junio de 2025. No obstante, ante las autoridades aduaneras únicamente declaró 6.68 millones de litros, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Según la investigación, la empresa Portacelis Gas and Oil reportó ante las aduanas de Nuevo Laredo y Matamoros poco más de 6.6 millones de litros de diésel durante el periodo revisado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, una estimación de la autoridad fiscal apunta a que en realidad habrían ingresado cerca de 90 millones de litros a través de ferrotanques.
De confirmarse esta estimación, la diferencia sería de más de 83 millones de litros, mientras que el volumen declarado representaría apenas alrededor de 7% del combustible que habría ingresado al país.
SAT señala posible omisión de 834 millones de pesos
De acuerdo con la información citada por MCCI, el SAT entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) una declaratoria de perjuicio en la que señala que Portacelis habría omitido el pago de aproximadamente 834 millones de pesos en impuestos y derechos.
El mecanismo señalado por la autoridad fiscal habría consistido en declarar ante las aduanas un volumen de combustible menor al que realmente transportaban los ferrotanques.
Los registros de comercio exterior revisados por MCCI muestran que entre febrero y julio de 2025 Portacelis reportó oficialmente 13.6 millones de litros de diésel en 150 operaciones, realizadas a través de las aduanas de Matamoros, Nuevo Laredo y Veracruz.
La empresa ligada a Amílcar Olán habría adquirido el combustible principalmente de proveedores establecidos en Texas, entre ellos Vile, GTR y MG Energy. Esta última, según la investigación, también aparece relacionada con una red investigada por su presunta conexión con los llamados “señores de los trenes”, señalados por autoridades por posibles operaciones de contrabando de combustible.
No obstante, para el periodo específico revisado por el SAT, del 9 de febrero al 28 de junio de 2025, la autoridad contabilizó 141 embarques en los que Portacelis habría declarado 6.68 millones de litros, con un valor de 72.5 millones de pesos.
Frente a esta cantidad, la estimación fiscal apunta a que el volumen real introducido al país habría sido cercano a los 90 millones de litros.
Habría superado el límite de importación autorizado
La investigación también señala que el volumen estimado por el SAT habría superado el límite establecido por la Secretaría de Energía.
El 27 de septiembre de 2024, tres días antes de concluir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la dependencia otorgó a Portacelis un permiso para importar hasta 52 millones de litros de diésel.
De acuerdo con la estimación citada por MCCI, los aproximadamente 90 millones de litros que habrían ingresado mediante ferrotanques representarían un volumen 73% superior al límite autorizado.
SAT cancela sello digital a la empresa
El caso también derivó en medidas fiscales contra Portacelis. El SAT canceló su Certificado de Sello Digital después de que la empresa no reportara los controles volumétricos correspondientes a los hidrocarburos que importaba.
La cancelación del sello digital impide a la empresa liga a Amílcar Olán emitir facturas fiscales y, por tanto, comercializar legalmente el combustible mediante comprobantes fiscales.
Posteriormente, un tribunal federal confirmó la legalidad de la cancelación.
Caso es relacionado con el llamado “huachicol fiscal”
De acuerdo con MCCI, la diferencia entre el volumen de combustible presuntamente ingresado y el declarado ante las autoridades plantea la posibilidad de que no se trate únicamente de un error administrativo.
La investigación señala que declarar ante las aduanas una cantidad menor de combustible a la realmente introducida al país para reducir el pago de impuestos constituye una de las modalidades asociadas al denominado “huachicol fiscal”.
La información forma parte de una investigación de MCCI sobre las operaciones de Portacelis y sus presuntos vínculos con redes dedicadas a la importación irregular de combustibles.
Hasta el momento, las cifras señaladas corresponden a estimaciones y señalamientos de autoridades fiscales citados por MCCI, por lo que la eventual responsabilidad penal o fiscal de la empresa y de las personas relacionadas deberá determinarse conforme avance la investigación correspondiente.