Bacalar (Marcrix Noticias)-Integrantes del Consejo Comunitario de la Cuenca de la Laguna de Bacalar advirtieron sobre un nuevo intento de imponer un Área Natural Protegida (ANP) en la región, sin el aval de los ejidatarios y propietarios de tierras. De acuerdo con Roberto Salgado Sangri, presidente del consejo, se trata de una maniobra encabezada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la asociación civil Amigos de Sian Ka’an, bajo el argumento de proteger el ecosistema, tras los recientes daños ambientales causados por la construcción de una casa de descanso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Salgado Sangri señaló que desde 2016, se presentó un Estudio Previo Justificativo junto con un Estudio de Tenencia de la Tierra que, según los promoventes, respaldaba la creación del ANP en Bacalar. Sin embargo, comisariados ejidales y propietarios costeros han desmentido tal respaldo, acusando una falta de consulta real y efectiva.

La propuesta de ANP abarca más de 219 mil hectáreas, incluyendo diversas lagunas como Mariscal, Chile Verde, Guerrero, Milagros, Agua Salada, San Felipe, así como la costa de la Bahía de Chetumal. Según los ejidatarios, esta medida centralizaría el control ambiental en manos de la Conanp y Amigos de Sian Ka’an, desplazando a las autoridades estatales y municipales, y afectando directamente el potencial turístico de la región.

“Si se impone el ANP, nos van a quitar el derecho a decidir sobre nuestras tierras. Cualquier permiso para actividades productivas dependerá de estas instituciones externas, afectando inversiones y generando pobreza”, advirtió Salgado Sangri.

El presidente del consejo también recordó que desde 2017, organizaciones ejidales, campesinas y empresariales se han pronunciado en contra de esta declaratoria, argumentando que las restricciones derivadas de una ANP desincentivan la inversión privada, ahuyentan el turismo y generan un clima de incertidumbre para el desarrollo regional.

El conflicto pone nuevamente sobre la mesa el debate entre conservación ambiental y derechos territoriales, en una región clave para el turismo y la biodiversidad del sur de Quintana Roo.