El diputado del PT en el Congreso de Baja California, Marco Antonio Blásquez Salinas, será incluido en el registro de agresores, así lo lo determinó Consejería Jurídica del Estado, a través de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), luego de la violencia de género cometida en contra de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda.
Dicha resolución de la existencia de Violencia Política en Razón de Género (VPRG) por parte del poder judicial, proviene de la denuncia que presentó Movimiento Ciudadano en contra del diputado el pasado 28 de febrero, por denostar la labor de la gobernadora de Baja California.
Movimiento Ciudadano expuso que el diputado utilizó “frases, patrones y estereotipados, que estigmatizan y son tendientes a normalizar la dominación, desigualdad y discriminación en la imagen pública y política que naturaliza la subordinación de la mujer en la sociedad”.
En uno de los videos publicado 18 de enero de 2022 en la cuenta de Facebook del programa denominado “Entre columnas”, de la cadena televisiva PSN Primer Sistema de Noticias, Blásquez preguntó “quién en su sano juicio pudiera decir que la señora (Marina del Pilar Ávila Olmeda) gobierna Baja California” y sostuvo que en caso de que la gobernadora “estuviese sin el compromiso de la maternidad ni aun así estaría en control porque no tiene la capacidad, el fuelle, el grupo político, el don para ejercer un liderazgo como el que se requiere para manejar un estado”.
Acusó a la mandataria de “darle el poder a su marido y ese fue el grave error, porque el marido anda con juegos, ese es un panista”.
A pesar de que el diputado, Blásquez Salinas, había presentado un recurso de impugnación de la medida determinada por parte de la Sala Guadalajara del TEPFJ, la Sala Superior ratificó la sentencia al establecer que sí se presentó la violencia política en su modalidad de violencia simbólica.
El consejero jurídico del estado, Juan José Pon Méndez, destacó la importancia de esta sentencia ya que también sienta, de forma clara y precisa, un precedente para inhibir la enunciación desde espacios públicos de discursos que atenten contra la igualdad y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
El funcionario estatal resaltó la necesidad de que las y los servidores públicos se conduzcan conforme a derecho y no incurrir en manifestaciones violentas que pongan en riesgo la integridad de terceros o la estabilidad social del estado.