La FGR acusa al exgobernador de Guerrero de ordenar la desaparición de grabaciones clave de la noche en que fueron atacados y desaparecidos los 43 normalistas en Iguala.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).– Un juez dictó prisión preventiva contra Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, señalado por su presunta participación en el ocultamiento de grabaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
Durante la audiencia inicial celebrada este viernes, el juez declaró legal la detención del exmandatario, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) formuló los cargos en su contra y solicitó que sea vinculado a proceso.
La defensa de Aguirre Rivero solicitó la duplicidad del término constitucional para preparar sus argumentos, por lo que será el próximo martes 11 de agosto cuando el juez determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.
Mientras se resuelve su situación jurídica, el exgobernador permanecerá bajo prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como “El Altiplano”.
Durante la audiencia, sus abogados también solicitaron que se le concediera arraigo domiciliario debido a su edad y estado de salud; sin embargo, se determinó que permaneciera recluido mientras continúa el procedimiento judicial.
Aguirre Rivero fue detenido el jueves en el Estado de México por su presunta responsabilidad en delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.
🚨#ÚLTIMAHORA Ángel Aguirre queda en prisión preventiva por caso Ayotzinapa.
— Azucena Uresti (@azucenau) August 7, 2026
Un juez de control impuso prisión preventiva oficiosa a Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, señalado por presunta desaparición forzada de personas. pic.twitter.com/uvcP0WydOn
La investigación de la FGR se concentra en una serie de grabaciones obtenidas por cámaras de seguridad ubicadas frente al Palacio de Justicia de Iguala durante la noche del 26 de septiembre de 2014.
De acuerdo con las autoridades, las cámaras 12 y 15 habrían registrado al autobús 1531 de la empresa Estrella de Oro, en el que viajaban varios estudiantes, cuando fueron interceptados por policías municipales y estatales.
Durante las primeras investigaciones se sostuvo que las imágenes no existían debido a supuestas fallas técnicas. Sin embargo, testimonios obtenidos por la Fiscalía durante 2026 apuntan a que las grabaciones sí existieron y posteriormente fueron sustraídas.
En enero, un colaborador declaró ante las autoridades que los videos fueron retirados y posteriormente entregados al entonces gobernador. El testigo también señaló que presuntamente fue amenazado para evitar que revelara la existencia del material.
Un segundo testimonio obtenido en mayo señala que Aguirre Rivero habría sostenido una reunión con funcionarios de alto nivel de su administración, en la cual presuntamente ordenó eliminar cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
La Fiscalía sostiene que cuenta con datos de prueba para establecer que la instrucción de ocultar las grabaciones habría sido emitida directamente por el entonces mandatario con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel.
“Estos y otros elementos contenidos en la investigación permiten sostener que lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal”, señaló la FGR.
Ángel Aguirre gobernó Guerrero entre abril de 2011 y octubre de 2014. Un mes después de la desaparición de los normalistas solicitó licencia para separarse del cargo, en medio de la presión política y social generada por el caso.
La noche del 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala cuando se preparaban para viajar a Ciudad de México y participar en las movilizaciones por el aniversario de la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968.
A casi 12 años de los hechos, el paradero de la mayoría de los 43 normalistas continúa sin esclarecerse y únicamente han sido identificados los restos de tres de los jóvenes.