Jesús Plácido Galindo pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum intervenir ante lo que considera la fabricación de un delito en su contra.
México (Marcrix Noticias)-Desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, Jesús Plácido Galindo, dirigente del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum su libertad al considerarse víctima de la fabricación de un delito y acusó a un funcionario del gobierno de Evelyn Salgado Pineda de haber cumplido su amenaza de encarcelarlo por denunciar la violencia en las comunidades indígenas.
En una carta escrita de su puño y letra, el dirigente señaló que quienes se atreven a denunciar la violencia que padecen los municipios y pueblos de Guerrero son silenciados mediante la cárcel, la desaparición forzada o el asesinato. Aseguró que, tan sólo en su organización, 86 compañeros han sido asesinados y otros 26 desaparecidos durante los últimos 12 años.
Plácido Galindo acusó directamente a Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Gobierno y uno de los principales operadores de la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda, de haber cumplido su amenaza de verlo en prisión si continuaba denunciando la inseguridad.
“Durante los últimos años no hemos encontrado eco a nuestras demandas, por el contrario, el subsecretario Francisco Rodríguez Cisneros cumplió con su amenaza de verme en la cárcel si no dejaba de hacer manifestaciones y si seguía denunciando la inseguridad que vivimos en las comunidades”, escribió.
El dirigente pidió a la mandataria federal que se le haga justicia porque, sostuvo, es “un luchador social y no un criminal”, como considera que se le pretende presentar.
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La detención y las acusaciones
Jesús Plácido Galindo fue detenido el 17 de julio de 2026 por unos 50 policías y militares en el crucero de Monte Alto, municipio de San Marcos, cuando se dirigía a una reunión en Acapulco a la que, según su versión, había sido citado horas antes por el propio subsecretario de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros.
Fue acusado del homicidio de un comisario ocurrido el 30 de octubre de 2021, aunque la Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación por ese crimen hasta este año.
Después de su detención fue trasladado en helicóptero al penal del Altiplano, en el Estado de México. Ese mismo día, el gobierno de Guerrero difundió la versión de que estaba acusado de delincuencia organizada, homicidio y secuestro, sin presentar pruebas que sustentaran públicamente esos señalamientos.
El 23 de julio, el juez de control Celso Ubaldo de la Sancha lo vinculó a proceso por homicidio con base en dos testimonios, uno de ellos atribuido a un hombre fallecido.
En su carta, Plácido Galindo sostuvo que no pudo haber cometido el crimen que se le imputa porque, debido a las amenazas en su contra, contaba con protección de elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Policía Federal, además de un botón de pánico y un teléfono satelital proporcionados por el mecanismo federal de protección.
El dirigente era beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde 2020.
“No pido un trato especial, ni nada parecido, lo único que exijo es justicia”, expresó.00:00/00:56
Una organización golpeada por la violencia
El Cipog-EZ se constituyó en 2014 en comunidades rurales del municipio de Chilapa, en la región Centro de Guerrero, y en localidades de la Costa Chica, en medio de la violencia del crimen organizado.
Su creación estuvo vinculada con la organización de policías comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) en la Montaña baja, donde pobladores comenzaron a organizarse para defenderse de los grupos criminales.
Jesús Plácido Galindo es hijo de Cirino Plácido Valerio, fallecido fundador y promotor de las policías comunitarias de la CRAC, y sobrino de Bruno Plácido Valerio, creador de grupos de autodefensa durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
Bruno Plácido fue asesinado el 17 de octubre de 2023 en Chilpancingo, afuera de las instalaciones de la Secretaría de Salud de Guerrero, cuando acudía a una reunión para realizar gestiones.
El 21 de octubre de 2022, integrantes del Cipog-EZ y de la CRAC-PF, encabezados por Jesús Plácido, abordaron al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para exigir que se detuvieran los crímenes cometidos contra sus comunidades por integrantes de la delincuencia organizada.
En su carta, el dirigente recordó aquel encuentro con el expresidente:
“Le dijimos que nos estaban discriminando, que no había obras para nuestras comunidades y qué compañeros nuestros los estaban asesinando y desapareciendo”.
Durante su dirigencia, el Cipog-EZ también mantuvo diferencias con la comunidad de San Jerónimo Palantla y con dirigentes de la CRAC-PF de Ayahualtempa, localidad donde en 2014 se anunció la adhesión de pueblos a esa organización y donde posteriormente se ha documentado el adiestramiento de menores en el uso de armas ante la falta de seguridad.
Antes de su detención, Plácido Galindo denunció incursiones armadas de presuntos integrantes del crimen organizado en cuatro pueblos de Chilapa, ocurridas entre el 6 y el 11 de mayo de 2026, que dejaron 13 pobladores asesinados y cerca de mil desplazados.
El Cipog-EZ también acusó a autoridades locales y federales de presunta complicidad con los grupos criminales que operan en la región.
Pide a Sheinbaum intervenir
La carta está dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, al Congreso de la Unión, a los medios de comunicación y a defensores de derechos humanos.
“Guerrero hoy se debate en uno de los peores momentos de su historia”, advirtió el dirigente indígena.
Plácido Galindo aseguró que su trayectoria ha estado dedicada a combatir las injusticias contra los pueblos indígenas y a gestionar caminos, carreteras, agua potable, escuelas, ambulancias y proyectos productivos, además de promover acciones contra las adicciones y evitar el desplazamiento de comunidades por el crimen organizado.
También denunció el encarcelamiento de Sixto Mendoza Limpia, promotor del Cipog-EZ, quien permanece en el penal de Chilpancingo y a quien considera otra víctima de la fabricación de delitos.
Mendoza Limpia, dirigente nahua que también denunció las incursiones armadas contra sus comunidades en mayo, fue detenido el 28 de septiembre y vinculado a proceso el 1 de octubre.
En la parte final de su carta, Jesús Plácido insistió en su inocencia y pidió a la presidenta intervenir ante la situación que enfrentan los pueblos indígenas de Guerrero.
“Hoy le pido a usted Sra. presidenta se lo digo con todo mi corazón y con todo mi respeto, que yo no cometí ningún delito. Y qué como luchadores sociales hemos sido víctimas de discriminación, fabricándonos delitos para callarnos, nuestra esperanza es que usted nos escuche y voltee a ver nuestro pueblo de Guerrero”.
El dirigente también llamó a organizaciones sociales nacionales, artistas e intelectuales a no dejarlos solos.