fraude inmobiliario en Tulum

Las acusaciones involucran a la empresa Menese. El afectado asegura que pagó un inmueble en su totalidad, pero nunca lo recibió.

 

Tulum (Marcrix Noticias).- Un ciudadano identificado como Jorge Luis Ocaña Jiménez denunció un presunto fraude inmobiliario en Tulum. Asegura haber pagado en su totalidad un departamento valuado en 97 mil dólares sin recibir la propiedad adquirida. El caso actualmente se encuentra en proceso judicial.

El denunciante señaló que el conflicto involucra a la empresa Menese, desarrolladora de un proyecto inmobiliario en este destino turístico. De acuerdo con su testimonio, el asunto permanece detenido debido a un amparo, por lo que se mantiene a la espera de una resolución judicial.

Según lo expuesto, el desarrollo debía entregarse alrededor de 2020, durante la pandemia. Ante retrasos en la obra, la empresa habría solicitado una prórroga, la cual fue aceptada por los compradores.

Posteriormente, se estableció una cláusula que contemplaba una compensación económica en caso de nuevos incumplimientos. Sin embargo, el afectado afirmó que la empresa no respetó el plazo acordado y que su departamento no le fue entregado tras exigir dicha compensación.

“No me quieren dar mi departamento. Lo único que hice fue exigir lo que ellos mismos ofrecieron cuando no cumplieron con la fecha, y a partir de ahí comenzaron a retrasarlo”, declaró.

 

Cobros sin acceso al inmueble

 

El denunciante indicó que, pese a no haber recibido ni habitado la vivienda, comenzó a recibir cargos por servicios como agua y electricidad, situación que consideró irregular.

También explicó que, al iniciar acciones legales, la empresa accedió inicialmente a resolver el caso; no obstante, el proceso se prolongó luego de que la parte demandada promoviera un amparo.

El caso se suma a otras controversias relacionadas con proyectos inmobiliarios en Tulum, donde se han reportado retrasos en obras, incumplimientos contractuales y disputas en la entrega de propiedades.

El afectado señaló que, durante el proceso, ha identificado limitaciones en la atención institucional a víctimas de este tipo de situaciones, especialmente en la aplicación de sanciones contra empresas.

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