La presidenta Municipal Yensunni Martínez y la Contraloría guardan silencio.

Chetumal (Marcrix Noticias) – El Ayuntamiento de Othón P. Blanco nuevamente fue pillado en un acto de corrupción detectadas en la convocatoria No. 001/2024 que involucra a más de 50 obras públicas con un valor aproximado de 100 mil pesos, para favorecer a presuntas empresas foráneas y afines a MORENA.

El pasado 19 de septiembre de 2024, Lidia Rojas, Regidora y Presidenta de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, presentó una queja formal dirigida a la Contraloría Municipal.

Esta denuncia está respaldada con fundamentos sólidos en la Constitución Política y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, señalando irregularidades tan graves como la publicación de la licitación y el plazo irrisorio de solo 5 horas para inscribirse en la convocatoria, imposibilitando la participación de empresas locales, afectando directamente los principios de transparencia y competitividad.

Se exigió la suspensión inmediata de esta convocatoria, según lo estipulado en los Artículos 33 y 38 de la Ley de Obras Públicas del Estado, sin resultado favorable.

El Ing. Jorge Domínguez Urrea, Director General de Obras Públicas, ha sido señalado como el firmante de esta polémica convocatoria.

En la queja presentada a la Contraloría Municipal se exige la suspensión inmediata de la licitación y la realización de un interrogatorio formal al Director, para esclarecer si esta decisión de acortar el plazo fue tomada por iniciativa propia o por presiones externas.

La Contralora Municipal, Gabriela Ix Chan, tiene la obligación legal de intervenir de inmediato cuando se detectan irregularidades en los procesos de contratación de obras públicas. Según el Reglamento Interior de la Contraloría, ella debe supervisar y verificar el cumplimiento de la normatividad, además de suspender las licitaciones cuando se presenten vicios en el proceso.

Hasta la fecha, Gabriela Ix ha permanecido en silencio, a pesar de que las pruebas aportadas por Lidia Rojas son claras y contundentes.

La falta de acción por parte de la Contraloría pone en entredicho la transparencia de este órgano, que debería ser garante de la legalidad en el manejo de los recursos públicos.

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