Trabajadores acusan a la jueza María de los Ángeles Sánchez de despidos injustificados, maltrato laboral y rezago de audiencias en el juzgado federal de Quintana Roo.
Cancún (Marcrix Noticias).– Francisco Rafael Marín Gómez, secretario de base en el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en Quintana Roo, especializado en juicios orales, denunció una serie de presuntos actos de hostigamiento laboral, irregularidades administrativas y rezago judicial atribuidos a la titular del órgano, la jueza María de los Ángeles Sánchez Domínguez.
En representación de trabajadores sindicalizados, el funcionario señaló que la juzgadora mantiene un patrón de conducta conflictivo, que incluso la llevó a renunciar previamente a una coordinación tras enfrentamientos con magistrados y jueces por desacuerdos relacionados con un paro laboral.
Afirmó que, desde entonces, la funcionaria ha sostenido una actitud confrontativa con su equipo, a quienes presuntamente agrede verbalmente, encierra en oficinas y despide sin justificación.
Indicó que ya fue presentada una denuncia formal ante el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, acompañada de evidencia electrónica.
Entre los señalamientos destacan la cancelación de nombramientos sin explicación, sobrecarga selectiva de trabajo como forma de presión y trato preferencial a personal de confianza.
Marín Gómez también expuso presuntas irregularidades en el ámbito jurisdiccional, como el diferimiento constante de audiencias, resoluciones improcedentes y posibles actos de corrupción en casos sensibles, incluido un litigio inmobiliario en el que, aseguró, se autorizó un remate con inconsistencias. Asimismo, mencionó la existencia de firmas duplicadas en expedientes.
El impacto de estas prácticas ha derivado, según los trabajadores, en un rezago significativo: al menos 800 audiencias han sido diferidas, mientras el juzgado opera con una plantilla de apenas 27 empleados, lejos del promedio de otros órganos similares.
Finalmente, el representante sindical hizo un llamado a las autoridades para realizar una visita extraordinaria que permita investigar los hechos y deslindar responsabilidades.
Advirtió que el temor a represalias ha limitado que más trabajadores denuncien, pese a que, afirmó, existe inconformidad generalizada tanto del personal como de litigantes afectados.